Galassi, y de Seguridad, Raúl Lamberto, presentaron esta mañana el Plan de
Apoyo e Inversión en Videovigilancia para 60 localidades de la provincia, 46 de
ellas son ciudades y las 14 restantes, comunas situadas en áreas fronterizas
por donde atraviesan caminos o rutas interprovinciales. La inversión supera los
10.500.000 pesos.
Al respecto, Lamberto remarcó que la iniciativa se enmarca
en la ley de Emergencia en Seguridad, la cual prevé “una política de
instalación de videocámaras, sabiendo que debemos propender a la construcción
de espacios públicos más seguros; y que, en cierta forma, el control de los
espacios a través de las videocámaras permite y logra que esto sea posible”.
Asimismo, el ministro explicó que este plan se diseñó
siguiendo la línea trazada “por el Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado
en materia de videocámaras para las grandes ciudades –Rosario y Santa Fe–, y
que después se extendió a otras ciudades como San Lorenzo”.
“En segundo lugar se colaboró con Rafaela y Venado Tuerto,
en la implementación de los sistemas locales de videocámaras. De esta manera,
hay cinco ciudades que quedan excluidas de este plan producto que tienen un
régimen diferente y particular”, precisó Lamberto.
Con relación al Plan de Apoyo e Inversión propiamente dicho,
el ministro explicó que “en esta etapa vamos a colaborar económicamente con las
restantes ciudades de la provincia (46), más una política destinada a reforzar
el control a través del sistema de videocámaras de los lugares limítrofes con
la provincia de Santa Fe; queremos tener un control de quien ingresa y quien
egresa hacia nuestra provincia, y viceversa; por lo tanto, al margen de que son
muchas poblaciones muy pequeñas hemos querido establecer este sistema como
parte de una política de seguridad”.
Por último, Lamberto manifestó que “con este plan estamos
colaborando con una política de seguridad no solamente en las grandes ciudades,
sabiendo que en estos lugares los conflictos son de mayor trascendencia, sino
que lo hacemos desde el punto de vista de una política provincial. Una política
de seguridad debe abarcar todos los territorios, aún los más pequeños. Debe
estar destinada a un control de la provincia porque sabemos que muchas veces el
delito muta y se manifiesta en lugares pequeños con impactos grandes”.
CARACTERÍSTICAS
Además del recurso económico, el Ministerio de Seguridad
brindará asistencia técnica y establecerá parámetros mínimos respecto del tipo
de instalaciones y equipamientos que podrán ser financiados, con el objetivo de
compatibilizarlo con el sistema provincial.
La iniciativa exceptúa las ciudades de Rosario, Santa Fe y
San Lorenzo, cubiertas por el sistema provincial; y Rafaela y Venado Tuerto,
recientemente asistidas en la colocación de cámaras.
Las acciones de apoyo e inversión se enmarcan en la ley Nº
13.297 de Emergencia en Materia de Seguridad, que en su artículo 2º autoriza al
Poder Ejecutivo para que “a través del Ministerio de Seguridad y/o de la
jurisdicción que estime pertinente, lleve adelante las siguientes
acciones:…Inciso j) Adquisición de un sistema de circuito cerrado de monitoreo
para su instalación en áreas críticas o que evidencien una notoria densidad de
actividad comercial, financiera, recreativa, etc.; debiéndose prever
puntualmente en los ingresos y egresos masivos de tránsito vehicular en las
grandes urbes”.
La distribución de los más 10.500.000 pesos que el gobierno
destinará a los municipios y comunas se realizará de acuerdo a las
características y necesidades de cada localidad, por lo que los importes no
serán fijos.
El plan de apoyo e inversión en videovigilancia propende a
la constitución de espacios públicos más seguros, favoreciendo la utilización
de herramientas tecnológicas que permitan la prevención y el combate de las
acciones delictivas.
Para ello se coordinarán esfuerzos y recursos con los
gobiernos locales que hayan invertido, o planeen hacerlo, para la conformación
de sistemas de videovigilancia a ser utilizados en espacios públicos y de alta
circulación de personas, mercancías y vehículos.
Además, se establecerán estándares tecnológicos mínimos
compartidos que permitan el máximo aprovechamiento de los registros realizados;
se brindará asesoramiento técnico profesional a aquellas localidades que así lo
requieran y se identificarán objetivos críticos (áreas de frontera, rutas
interprovinciales, accesos a grandes áreas urbanas, puntos de concentración de
tráfico de mercancías, etc.) cuya cobertura es prioritaria para una región o
para todo el territorio provincial y cuya responsabilidad de control excede a
la autoridad local.
Fuente: GSF
