Tres exdirectivos de Colón condenados por coautoría de administración fraudulenta durante su gestión en el club entre 2006 y 2013
Tres exdirigentes del Club Atlético Colón fueron condenados por coautoría en el delito de administración fraudulenta. Los implicados son el exsecretario general Marcelo Eduardo Maglianesi, el extesorero Carlos Alberto Marín y el exsíndico Osvaldo Oscar Pradolini.
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Los tres exdirigentes de la institución recibieron condenas de dos años de prisión condicional cada uno. Estas sentencias fueron dictadas en el marco de tres juicios abreviados llevados a cabo en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
La investigación se inició en 2013 tras una denuncia presentada por José Luis Isaía, quien ocupaba el cargo de síndico en el club en ese momento. La fiscal a cargo de las actuaciones fue Mariela Jiménez, quien se jubiló en 2022. Desde el año pasado, los fiscales Federico Grimberg y Bárbara Ilera tomaron la responsabilidad del caso y representaron al Ministerio Público de la Acusación en las audiencias.
Perjuicio a la institución
Grimberg e Ilera declararon en la audiencia que “los tres condenados defraudaron económicamente a Colón entre 2006 y 2013”. Añadieron que perjudicaron los intereses, la administración y la custodia de los bienes confiados a la institución, causando daños y obteniendo lucro indebido.
Los fiscales argumentaron que “los tres condenados actuaron con violación de los deberes a su cargo y uso abusivo de los poderes y autoridad del cargo que ostentó cada uno de ellos entre 2006 y 2013”.
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En relación a Maglianesi y Marín, los fiscales detallaron que “autorizaron el pago de 1.300 dólares mensuales por la locación de un departamento en Puerto Madero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); durante dos años (entre 2011 y 2013) percibieron dinero del club en concepto de gastos de representación, movilidad y viáticos; refrendaron con sus firmas el libramiento de 496 cheques sin fondos; libraron cheques a favor de un tercero sin justificación o contraprestación, y con esa misma persona, negociaron cheques (entre ellos, de la Asociación del Fútbol Argentino) por los que recibieron entre 20% y 23% menos del valor nominal de los instrumentos”.
Grimberg e Ilera subrayaron que los condenados también “aprobaron el libramiento de un cheque para la compra de un microscopio binocular y utilizaron telefonía celular que pagó la institución sin la aprobación de la Comisión Directiva”.
En cuanto a Marín, tesorero del club, los fiscales destacaron que “en su condición de tesorero del club, Marín también autorizó la compra de cuatro mil litros de gas oil (transacción de la cual se comprobó que la factura era apócrifa), y el pago a una empresa de Buenos Aires de servicios de información estadística, pero que no brindó prestación alguna al club. Asimismo, omitió u ocultó un ajuste de caja de ejercicios anteriores a 2013 y lo registró en el ejercicio contable que cerró en septiembre de 2013”.
“En relación a Pradolini -de 72 años–, su participación en la defraudación económica a la institución fue entre 2010 y 2013 a partir del incumplimiento deliberado de la fiscalización, control y verificación contable, patrimonial y financiera”, afirmaron Grimberg e Ilera.
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Juicio al expresidente de Colón
Otro de los investigados, es un hombre de 57 años identificado como GEL, es el expresidente de la institución. Será sometido a juicio a partir del próximo miércoles como parte de un proceso oral y público.
La Fiscalía lo imputó por administración fraudulenta y buscará una condena de seis años de prisión efectiva.
“Se tuvo en cuenta el cargo que ocupaba, el grado de autodeterminación de la voluntad y la comprensión de los actos que realizó”, consideraron los fiscales y añadieron que “su edad y su nivel de educación le permitían conocer el reproche penal de su accionar y cómo debía actuar para hacerlo conforme a Derecho”. También concluyeron que “se consideró el perjuicio que su accionar acarreó para una institución conformada para desarrollar distintas actividades en beneficio de sus asociados y el daño social y trascendencia pública del hecho”.
