La Cámara de Diputados avaló, por unanimidad, la adhesión de la provincia de Santa Fe a la Ley 26.695 que garantiza el derecho a la educación pública a todas las personas privadas de su libertad. La Ley 26.695 fue sancionada en agosto de 2011 y cambia algunos de los términos de la ejecución de la pena privativa de la libertad previstos en la Ley 24.660. Así establece que tanto el Estado nacional como las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad indelegable de proveer prioritariamente a una educación. En comunicación con SQP, Juan Carlos Millet, contó: “Yendo a la ley nacional que obliga al preso a estudiar, lo que buscamos es que todos los presos que no hayan cumplido con sus estudios terminen el colegio. El 80% de los presos de la provincia no terminaron la primaria“. Y agregó: “Lo que hace la ley es establecer la escolaridad. El estado tiene la obligación de dar la educación y el preso de estar obligado a hacerla“. Por otro lado manifestó: “Si el preso no rinde en la escolaridad se le quita la posibilidad de buena conducta para poder disminuir su condena“. “En todas las cárceles hay educación pero los presos no acceden a ellas y los carceleros ponen trabas en hacerlo”, finalizó. Juan Carlos Millet- SOL 91.5 [audio mp3="https://www.sol915.com.ar/wp-content/uploads/2015/06/Juan-Carlos-Millet-SOL-91-1.mp3"][/audio]]]>
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