Están imputadas por encubrimiento agravado. Pertenecen a la institución a la que se investiga a un profesor de música por presunto abuso sexual.
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Presunto abuso sexual en el jardín San Roque
Este jueves se llevó adelante una audiencia donde se resolvió rechazar el pedido de la Fiscalía de prisión preventiva para la directora y la exdirectora del jardín de infantes a las que se investiga como autoras del delito de encubrimiento agravado de un docente al que se investiga como autor de delitos contra la integridad sexual de un alumno.
No obstante, entre las medidas alternativas resueltas, el magistrado dispuso que, para recuperar su libertad, las imputadas deberán constituir una caución personal de 800 mil pesos cada una de ellas.
De esta manera, el juez les prohibió el ingreso y el acercamiento a 500 metros al jardín y a la escuela primaria de la institución que condujeron las imputadas. Además, dispuso que tampoco podrán acercarse a 100 metros ni tener contacto con la totalidad del cuerpo docente, con el personal administrativo y de maestranza, con los alumnos y con sus progenitores.
En diálogo con SOL 91.5, la fiscal Alejandra del Río Ayala, explicó: “Se expusieron todas las evidencias que para mí es contundente la imputación y lo que surgió de toda la información que se fue recopilando. El juez resolvió darle la libertad“, afirmó.
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“En ningún momento estuvimos convencidas de que existiera posibilidad de que queden en prisión preventiva fundamentalmente porque la pena con la cual se reprime este delito va de uno a seis años de prisión“, dijo la fiscal.
La fiscal reiteró que de ninguna manera significa que no hay evidencia para sostener la autoría en el hecho imputado sino todo lo contrario: “El juez impuso muchas alternativas que implican un arraigo muy fuerte de las imputadas al proceso como una fianza alta, prohibición en el ingreso al establecimiento escolar, prohibición de contacto y acercamiento al personal docente, administrativo, niños y niñas del establecimiento y una firma semanal en el Ministerio Público de la Acusación“, contestó.
Ayala consideró que estaban en conocimiento de una denuncia concreta y una sospecha concreta por parte de los padres y desplegaron distintas maniobras que fueron detalladas tanto en la imputativa y luego sustentadas con la evidencia para desviar la sospecha de otros padres: “Mucha gente se presentó a pedir explicaciones de lo que pasaba y quería saber si los niños estaban o no en riesgo y la actitud que tuvieron fue de desviar las sospechas. Se presentaron unos audios donde se abren otras posibles investigaciones contra otras personas también“, explicó.
“La obligación de todo funcionario público y de la persona que esté a cargo de niños es denunciar de manera inmediata. La paritaria que tanto se menciona lo cierto es que fue pensada para un caso puntual y en los casos de niños o niñas que develan un abuso o una situación conflictiva fuera del establecimiento escolar“.
La fiscal explicó un poco el tema y dijo que el denunciado era una persona de adentro: “Tenían una obligación real y concreta de garantizar la seguridad de niños y niñas del establecimiento. El niño siguió expuesto por esta falta de preservación del niño“, contestó.
La fiscal adelantó que hubo otras denuncias en el establecimiento de sospechas de este mismo docente y estaban en condiciones de sospechar que algo pasaba con este docente.
