La organización ambiental fue señalada por el diputado Agustín Rommo
El discurso de Javier Milei en el Congreso generó diversas repercusiones, destacándose el anuncio del Pacto de Mayo, que llama a gobernadores y ex presidentes a consensuar diez puntos económicos. En este contexto, Greenpeace, la organización ecologista, expresó su oposición al sexto punto, que aboga por “avanzar en la explotación de los recursos naturales del país”, lo que motivó la petición de un diputado de La Libertad Avanza.
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“Hay que declarar a Greenpeace organización terrorista”, declaró Agustín Rommo, uno de los principales asesores de comunicación del Presidente y diputado bonaerense. El legislador provincial expresó su postura después de una publicación de Greenpeace, que ya había manifestado su oposición a las modificaciones de la ley ómnibus y del DNU relacionados con la intervención en el medio ambiente.
En este contexto, el sábado pasado Greenpeace afirmó que las modificaciones relacionadas con los recursos naturales “no benefician en nada ni al país ni a la crisis ecológica que vive el planeta”.
#PactoDeMayo: EL AMBIENTE NO SE NEGOCIA‼️
Anoche se anunció en el Congreso de la Nación la intención de crear un nuevo pacto de acuerdos políticos. El punto 6 incluye “un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país”.
Reformar,…
— Greenpeace Argentina (@GreenpeaceArg) March 2, 2024
Ademàs, destacaron que “volver a insistir con dichas regresiones es contrario a las necesidades de Argentina y a la salud del medio ambiente. Se trata de leyes que han tenido un impacto positivo, y que más que derogarse, deberían perfeccionarse”.
Por último, la organización argumentó que “no podemos permitir que se sacrifiquen los recursos naturales que abastecen a ecosistemas, poblaciones y diversas actividades productivas solo para beneficio de unos pocos. Desde Greenpeace Argentina seguimos exigiendo que no se flexibilicen leyes ambientales fundamentales como las de bosques y glaciares. Hoy no existen certezas ni garantías respecto a que las modificaciones propuestas anteriormente no vuelvan a ser presentadas”.
