Columna de Pablo Benito
Ni el asesino, ni la maestra debían estar ese día en la puerta de la Escuela Victoriano Montes de Alto Verde. Quién sí debía estar presente era el Estado, pero sólo se presentó ni bien sucedido el crimen para protegerse como sistema.
Ocho meses de embarazo en una niña de 12 años
Vanesa Castillo, una mujer sensible, visibilizó lo que todos sabían que ocurría con una niña de 12 años con 8 meses de embarazo y concurría “fajada” a la escuela para que su panza no se note. Claro está, que su vientre a reventar sólo podía ser invisible para el enorme poder que tiene la negación en una sociedad anestesiada. Vanesa fue la excepción a esa regla. No aguantó más e informó a las autoridades escolares, no sólo la situación de la pequeña sino también el diálogo que había tenido con ella. Siquiera estaba segura de si había sido violada, apenas imaginaba lo que era una relación sexual. Su infancia había sido violada, de jugar a la rayuela a gestar un bebé.
Vanesa fue citada a declarar para ratificar lo que ya había informado claramente. Concurrió sola a la sede de la PDI en donde declaró cómo “víctima”.
A partir de ese momento, en diciembre de 2017 y con las clases finalizadas, la fiscal a cargo de la investigación, Alejandra Del Río, recibió la denuncia de la madre, a cargo de la niña que dio a luz mientras se realizaban las averiguaciones, que no terminaron en una investigación de el -o los- hechos. Todo concluyó en un juicio abreviado de quien se asumió responsable del abuso, se le impuso la pena y la niña con su bebé volvieron al mismo hogar en donde había sido violada, al cuidado -mamá adolescente y recién nacido- del entorno que tuvo que “darse cuenta” del embarazo en su mes octavo de gestación y por la denuncia de una maestra que terminó expuesta por el sistema judicial que resolvió la seguridad de una menor vulnerable -y su bebé- como un asunto administrativo y la devolvió al mismo núcleo socio-ambiental que no “vio” su panza de 8 meses.
“Por unas crocs”
El sistema sí funcionó, instintivamente, para cubrirse y obtener una versión urgente de los hechos que copó los titulares de los medios locales y nacionales: “Maestra muere apuñalada tras intento de robo”, fue la versión oficial esparcida por el “estricto off” de funcionarios policiales y de Educación que nutrieron de trascendidos a un periodismo que intentaba explicarle a la población lo inexplicable. Ese relato se consolidó con declaraciones públicas, cuanto menos irresponsables -cuanto más, dolosas- por parte del Secretario de Educación, Oscar Di Paolo; “No tenemos registro de ninguna denuncia en esa institución educativa (la Escuela 533), es una institución que funcionaba normalmente, que venía trabajando de acuerdo a su proyecto institucional, a las políticas educativas del Ministerio de Educación en un verdadero clima de armonía, no tenemos registro de nada que haya generado alguna señal”, aseguró el funcionario horas después de lo sucedido.
Di Paolo, continuó en su puesto hasta la finalización de la gestión, el 10 de diciembre de 2019. Nadie pidió su renuncia, tampoco el propio ex funcionario creyó su “omisión” suficiente como para dejar su cargo.
Como confesión de parte, meses después, firmó el acta paritaria en donde se modificaba el protocolo obligatorio para los docentes que toman conocimiento de situaciones de abuso infantil. El acuerdo fue propuesto por los representantes docentes que también, en esa acta, reconocían la responsabilidad del sistema en la muerte de Vanesa. Así lo presentó, como una conquista “en su memoria”.
“Me mandaron a sicariar”
La causa de la violación denunciada por Vanesa jamás se abrió ni hubo intención de investigar a fondo las vinculaciones que los testigos mencionaban en la causa. Siquiera conmovió a fiscales y jueces el grito, en medio de una audiencia, del propio asesino que a viva voz confesaba “me mandaron a sicariar a la maestra por 50.000 pesos”.
Tampoco la confesión de la compañera de Vanesa de que, un día antes del femicidio, una familia la había alertado que si concurría en moto a la escuela lo haga sin casco. Ella no era el objetivo. Esa misma compañera, el mismo 15 de febrero no concurrió a trabajar sin esgrimir causa alguna.
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Vanesa, puso en evidencia el silencio de todo un sistema educativo, de salud, al propio entorno familiar de la pequeña y expuso la “normalidad” de violaciones a menores que culminan siendo madres adolescentes sin que nadie le preste atención.
Nadie que lo conocía se sorprendió de la brutalidad de Juan Ramón Cano y su desprecio por la vida de Vanesa -e incluso por la propia- ya que poco le importaba si iba preso de por vida.
Desde muy niño sus conductas sexuales eran manifiestas, desde masturbarse frente a mujeres e intentos de abusos por los que terminó detenido en innumerables ocasiones.
El sistema penal y el sistema de salud lo tenía identificado como un agresor sexual, de la cárcel -como castigo- al Mira y Lopez para “tratar” sus adicciones, Cano pasó toda su adolescencia y juventud, hasta los 30 años en que terminó apuñalando a Vanesa en la puerta de la escuela a la que había concurrido.
Meses antes de ese 15 de febrero de 2018, el intento de violación a una mujer en los baños del instituto psiquiátrico público de nuestra ciudad fue resuelto con una bolsa de pastillas entregadas a su madre, también víctima de su propio hijo y, literalmente, “se lo sacaron de encima” con la facilidad que, obviamente, Vanesa no pudo cuando éste montó en su moto y le tiró 16 facazos, 3 al casco y 13 a su cuerpo -2 de ellos mortales.
Si avisó
Cano no debía estar en la calle, claramente representaba un peligro para la sociedad y, también, para él mismo. El sistema, el Estado, lo tenía registrado. Más muestras de que podría hacer lo que finalmente hizo, no podía dar.
Vanesa, no debía concurrir al mismo establecimiento, apenas retomadas las clases, en donde su denuncia había culminado con visibilizar un acto atroz cometido contra una niña de 11 años, al momento del suceso, cobardemente silenciado por un entorno cultural que apaña los abusos de todo tipo sobre las infancias.
El entorno ampliado de esa impunidad -y hasta promoción de la violencia sexual como “normal”- es la Justicia, el sistema educativo y el de salud que, como estructura, se desligan de la violencia social y sólo se organizan para recibir las consecuencia de su mal desempeño.
No descansa en paz Vanesa. No viven seguros la niña ni su hijo. No tienen consuelo los familiares y compañeros de la “seño” que quiso proteger a su alumna. Siguen los agentes estatales expuestos al silencio o al miedo. Las niñas, niños y adolescentes continúan siendo el eslabón más débil de la reproducción de la violencia social.
En ocasiones, alguno de ellos es “noticia”, sea como víctima, sea como victimario. La historia parece ya estar escrita para ellos. Para nosotros.
