Nueva investigación
Un juzgado de Barcelona, España inició una segunda investigación por presunto fraude fiscal cometido por Shakira en 2018, mientras la cantante colombiana espera el veredicto oficial del juicio por una supuesta evasión fiscal de U$S 16,2 millones por los años 2012, 2013 y 2014, informó este jueves la prensa española.
Un juez de instrucción del barrio barcelonés de Esplugues de Llobregat “abrió una investigación a partir de una denuncia presentada por la fiscalía contra la cantante Shakira por dos presuntos delitos” de fraude fiscal en 2018, indicó en un comunicado la oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
¿Qué dijo Shakira de la nueva acusación de fraude fiscal?
Luego de hacerse pública la noticia, la artista latina volvió a reiterar su inocencia, según señaló su equipo de relaciones públicas en un comunicado oficial.
“Como se ha manifestado en numerosas ocasiones, Shakira defiende haber actuado siempre en cumplimiento de la ley y bajo la guía de los mejores expertos fiscales“, señala el comunicado. “Ahora está centrada en su vida artística en Miami y está tranquila y confiada en una resolución favorable de sus asuntos fiscales“, añade. Además, la publicación agrega que la artista se encuentra preparando una declaración oficial en el marco de la última investigación iniciada, la cual corresponde a 2018.
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En diálogo con la prensa de Barcelona, el juez Marco Jesús Juberías indicó que Shakira podía ser juzgada por presunta evasión fiscal ya que “existen indicios suficientes para celebrar un juicio por la presunta evasión fiscal de Shakira durante los años 2012, 2013 y 2014”; la artista colombiana vivió más de 200 días en España en cada uno de esos tres años, por lo que está obligada a pagar impuestos en el país.
En aquel momento, el equipo legal de Shakira argumentó que su residencia principal estaba en las Bahamas, pero se supo que poseía una casa en la zona de Barcelona con su expareja, Gerard Piqué, exdefensor del FC Barcelona.
Por último, el magistrado argumentó que Shakira y un asesor financiero (quien también fue nombrado en la sentencia), utilizaron una serie de sociedades en paraísos fiscales off-shore para intentar ocultar las fuentes de sus ingresos durante esos años.
