El fallo se conoció este miércoles en el Tribunal Oral Criminal Federal. Cecilia Góngora recibió una pena de 8 años por su parte, la obstreta Elsa Nasatsky recibió 6 años de prisión. El caso remite a la apropiación ilegal de José Luis Maulín Pratto, que nació en 1977 y es el nieto recuperado número 120.
Este miércoles se conoció la sentencia del juicio de lesa humanidad denominado Causa Góngora, que tramita en el Tribunal Oral Federal de la ciudad de Santa Fe.
La misma investiga un caso de apropiación ilícita y se desprende de la Causa Sambuelli, que se inició el 19 de noviembre de 2012 en el Tribunal Oral Federal de la ciudad de Santa Fe e investigó crímenes de lesa humanidad perpetrados en el norte santafesino durante el terrorismo de Estado. El fallo de esta causa se dio a conocer el 6 de agosto de 2013, con condenas para los siete imputados.
La “Causa Góngora” remite a la apropiación ilegal de José Luis Maulín Pratto, que nació en 1977 y es el nieto recuperado número 120. Fue inscripto con la identidad falsa de José Segretín, y se adulteró su acta de nacimiento. La apropiadora, Cecilia Góngora, fue imputada junto con la obstetra Elsa Nasatsky y el exjefe de Inteligencia de la Brigada Aérea de Reconquista, Danilo Sambuelli, que murió en 2014 tras ser condenado a 21 años de prisión por delitos de lesa humanidad.
La investigación dio inicio en noviembre del 2008 a partir de las testimoniales de Griselda Pratto y Luisa Beatriz Pratto (madre biológica del niño) en el Juzgado Federal de Reconquista, en el marco de la causa Sambuelli.
Actúa como querellante Rubén Maulín, padre biológico del niño, quien es asistido legalmente por José Adrián Zaragoza, Lucila Puyol y Guillermo Munné.
La reapertura de las causas por delitos de lesa humanidad, tras la declaración de nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en el año 2003, marcó un momento decisivo para el mejoramiento de la calidad institucional y un paso fundamental en la búsqueda de verdad y justicia.
En la provincia de Santa Fe se pusieron en marcha causas emblemáticas y el gobierno provincial implementó una serie de políticas públicas destinadas a acompañar a la Justicia y tributar a este proceso de memoria, verdad y justicia, entre ellas: el programa de Protección y Acompañamiento de Testigos y Querellantes; el Área de Investigación, Apoyatura y Seguimiento de las causas judiciales, y la creación de un registro de expresos políticos.
En la provincia los juicios por delitos de lesa humanidad comenzaron en 2009 y continúan desarrollándose. Los procesos implican la actuación de testigos, querellantes y abogados patrocinantes, actores fundamentales que han bregado sin descanso por esta oportunidad histórica.
Fuente: Secretaría de Comunicación Social
