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Santa Fe

La provincia exigió la baja de 273 sitios de juego online ilegal

La denuncia se presentó ante el MPA, revelando la operación ilegal de estas páginas web, las cuales operan sin cumplir con las regulaciones legales, permitiendo el acceso y las apuestas de menores de edad.

Se identificó que estas páginas web funcionan fuera de la legalidad

Este jueves, el gobierno provincial presentó una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación por el presunto delito de explotación, administración y operación de juegos de azar (según el artículo 301 bis del Código Penal), señalando el perjuicio a la Administración Pública Provincial por parte de sitios web de apuestas. En la denuncia se solicitó el bloqueo de 273 sitios de internet y el embargo de sus cuentas bancarias.

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El documento, dirigido a la Fiscal General de la provincia, María Cecilia Vranicich, lleva las firmas de los ministros de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; de Educación, José Goity; y del Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Asistencia Social-Lotería de Santa Fe (CAS), Daniel Di Lena.

El documento señaló que la CAS, en su calidad de autoridad encargada de la regulación de los juegos de azar en la Provincia de Santa Fe, detectó que 273 sitios web “facilitan las apuestas de forma ilegal”, infringiendo disposiciones del Código Penal y la normativa vigente sobre regulación del juego. Estos sitios carecen de la aprobación necesaria de la autoridad competente para comercializar dichos juegos.

El vicepresidente de la Lotería, Di Lena, explicó que “vinimos a hacer esta presentación que ya veníamos conversando con la fiscal Vranicich. Hay estudios y publicaciones que alertan que el número de menores de edad que apuestan en línea aumentó desde la pandemia y se consolidó durante el Mundial de Qatar”.

“La tentación de ganar dinero con un par de clicks puede generar efectos negativos en la salud física y mental de chicos y adolescentes. La proliferación de este tipo de plataformas no registradas está impulsada por una sólida campaña de publicidad que incluye a varios influencers apuntando directamente a los jóvenes, que son quienes más consumen su contenido”, destacó el funcionario.

Di Lena destacó la importancia de resaltar que “todos los sitios de juegos oficiales en Argentina deben utilizar un dominio .bet.ar”. Este dominio es administrado por https://nic.ar/, y se requiere presentar una serie de documentos de respaldo, incluyendo licencias otorgadas por uno de los veinticuatro organismos reguladores del país. Por lo tanto, aclaró que “si un sitio de juego está operando en Argentina y no tiene un dominio .bet.ar, es ilegal”.

Por otro lado, la presentación al MPA recuerda que, según el marco normativo, “todo juego, apuesta y/o sorteo a desarrollarse en el ámbito territorial de la provincia de Santa Fe, cualquiera fuese su modalidad, debe ejecutarse bajo la autorización previa y el posterior contralor” de la CAS. Ninguno de los sitios web denunciados cumple con esta disposición.

Deterioro de las Finanzas Públicas

Además, el documento señala que “el Estado detenta el monopolio de la explotación de los juegos de azar”, por lo tanto, “todo dinero que se haya canalizado a través del juego ilegal representa un grave perjuicio a patrimonio estatal, teniendo en cuenta que son recursos económicos que según las necesidades y prioridades se determinen”.

Se calcula que el juego ilegal constituye cerca del 80% del total del juego en línea, lo que supone un significativo daño económico. Tan solo por el canon que deberían abonar, el perjuicio mensual supera los $2.000 millones. Además, es importante señalar que estas actividades irregulares escapan a la fiscalización estatal al no contribuir con ningún tipo de tasas o impuestos, lo que aumenta aún más el monto estimado del perjuicio.

Debido a esta situación, se ha requerido al MPA la “urgente clausura/bloqueo de acceso” de los 273 sitios web involucrados, así como la clausura/bloqueo de las cuentas bancarias utilizadas por estos sitios de juego ilegal, previa investigación de las mismas. Además, se solicitó el embargo de los fondos depositados en estas cuentas, prohibiendo cualquier tipo de transacción de dinero, con el fin de que los fondos queden a disposición del Tribunal.

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