En audiencia pública convocada por el Senado
La Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich, presentó este jueves su Informe de gestión del año 2023. Tal como lo establece la ley provincial número 13.013, la actividad se desarrolló en el marco de una audiencia pública para la cual fue convocada por el Senado provincial.
Vranicich recordó que su Informe “aborda las gestiones realizadas durante el primer año de la gestión del tercer gobierno institucional del MPA, iniciado el 20 de abril de 2023”. En tal sentido, agregó que “esta referencia a una tercera gestión resulta importante porque implica reconocer e historizar el camino recorrido por la institución desde su creación legal en 2009 hasta la fecha”.
La titular del MPA refirió a sus dos antecesores en el cargo y planteó que “luego de una primera etapa fundacional y de una segunda de instalación institucional, en este tercer período se impone la optimización de los procesos y circuitos de trabajo vigentes para que sean más eficientes y eficaces, despojados de prácticas burocráticas, a los fines de dar respuestas institucionales a la altura de la realidad social atravesada por violencias altamente lesivas”.
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“Uno de los mayores desafíos es darle a la gestión una impronta propia con lineamientos de política criminal claros, pero manteniendo el respeto hacia la institución que nos trasciende”, aseguró.
Objetivos priorizados
Vranicich hizo hincapié en que “a los fines de encontrar un equilibrio entre las demandas sociales, la complejidad de la conflictividad penal y los recursos y capacidades disponibles, consideramos de suma relevancia dotar al MPA de una política de persecución penal transparente, objetiva y eficiente, que establezca criterios de priorización y focalización sobre determinados fenómenos delictivos”. En esa línea, sostuvo que “necesitamos superar la lógica del abordaje de los delitos en forma aislada, automatizada e irreflexiva, reproduciendo la lógica del caso a caso”.
“Uno de los ejes fundamentales de esa política de persecución por objetivos prioritarios está constituido por la definición de los delitos o fenómenos delictivos que hemos decidido priorizar a nivel provincial”, explicó la Fiscal General. En tal sentido, argumentó que “la definición de una política de persecución donde hemos establecido cuáles serán los fenómenos delictivos en los que los órganos fiscales y de apoyo deben priorizar su trabajo cotidiano es una herramienta de innovación en la gestión y, a la vez, una forma de legitimar nuestra actuar ante la ciudadanía”.
Vranicich especificó que “los objetivos priorizados son el abordaje de las violencias altamentes lesivas asociadas a la criminalidad organizada; los mercados ilegales de armas de fuego; los delitos cometidos por funcionarios públicos; los delitos en perjuicio de personas en situaciones de vulnerabilidad; y los delitos que generen grave afectación de derechos”.
Contexto criminal extremo
Vranicich detalló que “las violencias altamente lesivas son un fenómeno fundamentalmente urbano que ocurre en las ciudades de Santa Fe y de Rosario” y añadió que “en la ciudad del sur provincial, la violencia no solo es más extrema que hace unos años, sino que además se trata de violencias con características distintivas”. En esta línea, detalló que “mientras en 2014 los homicidios cometidos en un contexto de economía ilegal/organización criminal representaban el 29,1% del total, en 2023 ese porcentaje subió al 64,3%”.
La funcionaria judicial definió que “se incluyen en la categoría ‘Economía ilegal/Organización criminal’ los homicidios vinculados con mercados de producción y/o distribución de bienes o servicios que están definidos como ilegales y/o algunas de las personas involucradas (víctimas y/o supuestos/as autores/as) pertenecen a grupos más o menos estructurados y con cierta estabilidad temporal cuyas prácticas se ordenan en torno a economías ilegales”.
En la misma dirección, sostuvo que “también se observan modificaciones en relación a la existencia de mandato o de pacto previo (sicariato) a la comisión de homicidio, cuyo porcentaje ha aumentado 4,35 veces desde 2014 a 2023”.
Vranicich remarcó que “venimos realizando distintas articulaciones interinstitucionales para mejorar la respuesta del MPA frente a las violencias altamente lesivas” y brindó precisiones acerca del “trabajo con organismos internacionales, locales y con otros estamentos del Estado a los fines de optimizar los procesos de trabajo”.
La funcionaria enumeró “las articulaciones institucionales con el John Jay College of Criminal Justice de la Universidad de Nueva York; con el Ministerio Público Fiscal de Chile y la Policía de Investigaciones de ese país; con la consultora de Asuntos Gubernamentales para Lationamérica de GTH-DNA; la formación continua a instancia de la Oficina de las Naciones Unidades contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia de los Estados Unidos (INL); el convenio con la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación; entre otros”.
