Confirmaron el cierre del INAFCI: la respuesta de los trabajadores
Tras los anuncios del vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre los motivos que derivaron en la decisión de desmantelar el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena (INAFCI), trabajadores de la entidad cuestionaron los argumentos dados.
A través de un comunicado que difundieron los integrantes del instituto y la Junta Interna de ATE Agricultura, manifestaron que el portavoz del presidente Javier Milei “faltó a la verdad” con el objetivo de “justificar los despidos y la desaparición de la única política pública para el sector campesino e indígena“.
Además, en el parte de prensa sostienen que no es verdad que uno de cada tres trabajadores sea funcionario. “Somos mas de 900 trabajadores que dependemos de nuestro salario para vivir“, señalaron.
Y en relación al número de vehículos que administran, el personal del instituto señaló que “hace años” se ven obligados a poner a disposición sus medios de transporte particulares para llegar a los parajes rurales.
Continuando con la defensa, los integrantes de INAFCI explicaron que el organismo cuenta con una oficina central en la Ciudad de Buenos Aires y una delegación en cada provincia del país, en contradicción con los dicho por Adorni, quien había señalado que el instituto posee 2 sedes.
En el texto publicado este martes, los trabajadores afirmaron que “todos los técnicos pueden dar cuenta de proyectos ejecutados y en ejecución” y que “las organizaciones vienen pidiendo presupuesto para el sector con feriazos y verdurazos. No somos la casta, tenemos 30 años de precariedad. Con un 100% de trabajadores no formalizados“, subrayaron.
La postura del Gobierno
De acuerdo con el vocero presidencial, la resolución del Gobierno se tomó luego de una revisión de “datos calamitosos, profundamente desoladores” sobre el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y del Consejo Nacional de Agricultura Familiar, dos organismos que emplean a 964 trabajadores.
“Se van a reducir 900 puestos de no trabajo. Esto va a significar un ahorro de 9000 millones de pesos“, subrayó al respecto Adorni.
En esa línea, el funcionario indicó que había “160 delegaciones, dos sedes, una en Catamarca y otra en Santiago del Estero, y uno de cada tres empleados eran delegados. Tenían 204 vehículos y el 85% del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos, casi una agencia de empleo político“.
