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Santa Fe

Preocupación de los psicomotricistas: más de 200 puestos de trabajo en riesgo

Psicomotricistas de la provincia denuncian que las obras sociales no reconocen su trabajo por no estar inscriptos en el Registro Nacional de Profesionales. El título habilitante debe ser universitario y no terciario, como es el caso de 200 trabajadores en la provincia.

Imagen ilustrativa.

 

La Psicomotricidad es una carrera humanística que aborda el aspecto motriz-emocional de la persona. La intervención del psicomotricista no se limita a la aplicación de una técnica o metodología, sino que se basa en valorar las potencialidades de la persona -sea niño, adolescente o adulto- y hacerle vivenciar experiencias placenteras que despierten el deseo de “hacer” y “ser” con su cuerpo.

En este sentido, los técnicos superiores en psicomotricidad, con formación específica en la disciplina, título con validez nacional e incumbencias habilitantes en educación y salud se encuentra en plan de lucha.

Es que diferentes obras sociales se niegan a reconocer los tratamientos que brindan a niños, niñas y adolescentes con discapacidad por la nueva resolución de Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación que no habilita en su sistema informático completar las prestaciones por no estar incluidos en el Registro Nacional de Profesionales.

Esto es consecuencia de que el título habilitante debe ser universitario y no terciario, como es el caso de 200 trabajadores en la provincia.

En dialogo con el Móvil de SOL 91.5, Marina Cagliero, explicó: “Hoy en día no contamos con unos de los requisitos que es ser recibidos en universidad”. “En nuestra provincia se estudia en dos lugares, en Santa Fe y en Rosario, y en los dos casos es un terciario privado. La carrera dura 4 años y medios de formación donde nuestro título tiene validez nacional y nos habilita a trabajar con personas con trastornos psicomotores de cualquier edad”, agregó

Además Cagliero dijo “que nos nieguen este tratamiento no sólo nos perjudica sino que está perjudicando a muchos niños y adolescentes que reciben nuestros tratamientos. Peligra nuestros puestos de trabajo porque peligra la salud de nuestros pacientes”.

Desde el colectivo exigen estar inscriptos en el Registro Nacional de Profesionales y que el Ministerio de Salud les otorgue la matricula correspondiente.

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