Buscan declarar la Emergencia Vial en la provincia de Santa Fe
Un proyecto de ley presentado por el diputado provincial Dionisio Scarpin solicitó la declaración de la Emergencia en Infraestructura Vial por el término de un año, con el objetivo de aportar herramientas al gobierno provincial y al Ministerio de Obras Públicas para “acelerar los plazos de reparación en las rutas santafesinas“.
En diálogo con Sol Play, Scarpin se refirió a la preocupación por el mal estado de los corredores viales provinciales, en especial para el sector productivo en general que se encuentra próximo a iniciar la época de cosecha, con camiones que empiezan a transitar con los granos a través de rutas de calzadas natural, pasando por rutas provinciales en pésimo estado.
“Nosotros lo que hacemos es el reclamo. En este caso puntual, presentamos un proyecto de ley de Emergencia en Infraestructura Vial, que también fue hablado con el Ejecutivo provincial. ¿Qué significa esto? Durante 4 años hemos visto un abandono total de las rutas provinciales, donde no se las arreglaba, no se las mantenía y ahora, fundamentalmente en época de mucha lluvia, eso revienta“, señaló el funcionario con preocupación.
“Estamos viendo las máquinas. Uno transita las rutas y ve que se están tapando pozos, que se están haciendo bacheos, tanto en el norte como en el oeste de la provincia. Pero lo que consideramos necesario es que se haga más rápidamente. Por eso, el proyecto de ley de emergencia lo que hace es brindar instrumentos al Poder Ejecutivo para que acelerar los procesos: reorganización de personal, de organigrama, compra de insumos y maquinaria, siempre con los criterios de transparencia pero que se puedan saltear pasos burocráticos que a veces duran meses“, destacó.
Posteriormente, Scarpin fue consultado sobre la actual política de estado, asumida por la gestión del presidente Javier Milei, de no intervenir ni invertir en obra pública: “Que el Estado se retire de la obra pública puede ser una cosa transitoria, pero no puede ser permanente. ¿Quién va a pagar las consecuencias de los muertos de los accidentes, de los daños económicos que ocasiona una ruta en mal estado? El Estado se puede retirar temporalmente para ‘cerrar la caja’ como quiere hacer en este momento el presidente Milei, pero eso no puede ser permanente“, manifestó el diputado.
Seguidamente, el funcionario destacó que, si bien no todas las obras pueden ser realizadas por privados, en lo que respecta a las rutas provinciales, si sería posible: “Una obra de cloacas, una planta de agua, y muchas rutas, la tiene que hacer el Estado. Pero en este caso yo creo que si, porque además ya se ha demostrado en la década del 90 que funcionó“, cerró.
El proyecto de ley
La iniciativa ingresada en la Cámara de Diputados consta de 6 artículos y el primero -como se indica anteriormente- declara la Emergencia Vial en la provincia por un año. En tanto, el artículo segundo establece que el Ministerio de Obras Públicas será la autoridad de aplicación de la ley.
El artículo le otorga las siguientes facultades a dicho organismo, en el marco de Emergencia: relevar el estado de las rutas y las obras a realizar y confeccionar un informe en 30 días, reorganizar aspectos funcionales y operativos del Ministerio, fomentar acuerdos con municipios y comunas que permitan un rápido accionar para la reparación y mantenimiento de las rutas provinciales y propiciar acuerdos con Consorcios Camineros o cualquier otra organización civil constituida con la finalidad del mantenimiento de
rutas y caminos rurales.
Además, el mismo artículo faculta al organismo provincial a establecer mecanismos para la rápida organización y coordinación de la utilización de los recursos disponibles destinados a
la construcción, mantenimiento y reparación de rutas provinciales, a restablecer y garantizar el suministro de insumos necesarios para el cumplimiento del fin de la ley, a adquirir insumos, materiales, contratar servicios, recursos humanos, comprar equipamiento y todo lo necesario para lograr una rápida intervención y mejorar la señalética y las medidas de seguridad vial a lo largo de todas las rutas provinciales.
El artículo cuatro habilita al Ministerio de Obras Públicas a la contratación directa “con estricto apego al principio de transparencia y acreditando debidamente la razonabilidad del precio elegido”. Asimismo, los artículos quinto y sexto insta al Ejecutivo a reglamentar la ley dentro de los 30 días de su entrada en vigencia y autoriza a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias.
