El Estado cesa el pago de los sueldos de los obispos
La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) anunció que, en el último día hábil de 2023, se materializó la renuncia a la asignación mensual establecida por la Ley 21.950. Esta ley dispone que el Estado debe asumir los salarios de obispos y arzobispos de la Iglesia Católica, equivalente al 80% del sueldo de un juez de primera instancia.
De acuerdo con el Presupuesto 2022, el Estado asigna a la Iglesia Católica una suma superior a los 200 millones de pesos, abarcando sueldos de arzobispos y obispos, subsidios a sacerdotes en regiones fronterizas y becas para seminaristas. Estas asignaciones se rigen por las leyes 21.950, 22.162 y 22.950.
Este evento marca la conclusión de un proceso que comenzó en 2018 durante la 116° Asamblea Plenaria, donde la CEA anunció su decisión de renunciar progresivamente a estos tres tipos de financiamiento, sustituyéndolos por “alternativas basadas en la solidaridad de los fieles”.
La Iglesia Católica continuará recibiendo un beneficio establecido mediante una resolución del 26 de abril de 2023 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Esta resolución establece que los arzobispos y obispos que hayan dejado sus cargos por razones de edad o invalidez tienen la opción de solicitar una asignación de $98,000.
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Origen de las leyes que subsidiaban a la iglesia católica
Las leyes que establecieron la financiación estatal a la iglesia surgieron durante la última dictadura cívico-militar de 1976. La Ley 21.950, que regula los sueldos de obispos y arzobispos, fue promulgada en 1979, mientras que la Ley 22.162, que trata sobre subsidios a sacerdotes en zonas fronterizas, se firmó en 1980, ambas durante el mandato de Jorge Rafael Videla. Por otro lado, la Ley 22.950 fue aprobada en octubre de 1983, bajo la administración de Reynaldo Bignone.
