Integrantes de Soberanos Luchan Contra el Negacionismo
El partido Soberanos presentó un proyecto de ley contra el negacionismo al jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi. Este proyecto tiene como objetivo combatir el negacionismo y establece sanciones para aquellos que reivindiquen o nieguen la existencia de crímenes de lesa humanidad y genocidios de manera pública.
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El debate presidencial fue el escenario donde se dio la discusión sobre el negacionismo en Argentina. Durante el evento, el candidato Javier Milei negó que la cantidad de desaparecidos durante la última dictadura militar haya sido de 30,000, afirmando que fueron 8,753. Además, sostuvo que en la década de los setenta “hubo una guerra” en Argentina donde las fuerzas del Estado “cometieron excesos”.
Un esfuerzo multilateral contra el negacionismo
La semana pasada, el abogado Gregorio Dalbón confirmó que trabaja con los abogados del ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, en una ley similar. Actualmente, existen dos proyectos de ley que buscan penalizar expresiones negacionistas presentados en el Senado y tres en la Cámara de Diputados.
Esto incluye a aquellos que trivialicen, reivindiquen o legitimen dichos actos. Las sanciones van desde 6 meses hasta 2 años de prisión. Las sanciones se agravan en ciertas circunstancias:
- Cuando el que realiza los hechos es un funcionario público de cualquier poder o miembro de las fuerzas armadas o de seguridad, policial o penitenciaria.
- Si las expresiones señalan a una víctima, grupos de víctimas o familiares de los actos cometidos.
- Si las expresiones incluyen referencias descalificantes a asociaciones civiles, entidades no gubernamentales y cualquier organización que busque “la protección de los Derechos Humanos y la defensa del Estado constitucional de Derecho”.
Implicaciones para los medios de comunicación
El proyecto de Soberanos también incluye sanciones para los medios de comunicación que difundan expresiones negacionistas. Estos medios enfrentarán una multa equivalente a “15 sueldos básicos de un magistrado de la Corte Suprema de la Nación”. Además, se requerirá que participen en cursos sobre la temática organizados por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Asimismo, tendrán que difundir la decisión judicial que los encontró responsables del hecho.
