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La Corte Suprema creó una comisión judicial para combatir el narcotráfico

Lo dispuso el máximo tribunal a través de una acordada; los jueces indicaron que “está en juego la seguridad de la población” y que se debe promover de manera “urgente” una política de Estado efectiva.

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El máximo tribunal dispuso la creación de la comisión a través de una acordada firmada por Ricardo Lorenzetti , Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda , según informó el Centro de Información Judicial (CIJ). Los jueces destacaron que “está en juego la seguridad de la población” y que se debe promover de manera “urgente” una política de Estado “efectiva y coordinada”.

La Corte estableció que la comisión estará integrada por jueces federales de distintas regiones y representantes de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus).

La acordada 28/15 dispuso que la comisión judicial tendrá la misión de generar una política de estado para luchar contra el narcotráfico. “El cumplimiento de este objetivo demanda la instrumentación de políticas de estado coordinadas, con objetivos claros, permanentes en el tiempo y con medidas efectivas”, señalaron.

Qué hará la comisión:

“Mejorar la coordinación entre los distintos tribunales judiciales, de distintas instancias y jurisdicciones, y de éstos con las diferentes dependencias estatales con competencia especial en la materia”.

“Capacitación de los operadores judiciales abocados a la persecución del delito del narcotráfico”

“Conformación de un protocolo de actuación y de un registro de causas judiciales en las que se investiguen casos de criminalidad organizada en materia de narcotráfico y delitos conexos”

“Creación de un observatorio que pueda monitorear la evolución de este fenómeno delictivo en el campo judicial”

“Mejorar y profundizar la comunicación y coordinación con las fuerzas de seguridad, autoridades locales y federales, y con las demás autoridades públicas cuya intervención resulte necesaria”

“Elaboración de propuestas a otros Poderes del Estado, en especial, el tratamiento de reformas legales que establezcan un procedimiento adecuado para la investigación y juzgamiento de estos delitos complejos”.

Fuente:La Nación

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