Juicio político a la Corte Suprema
Este jueves en la Cámara de Diputados se aprobó con 16 votos del Frente de Todos la comisión del Juicio Político de la admisibilidad de los expedientes que se tramitan contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y la apertura del sumario para acumular las pruebas para sostener la acusación contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
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Por su parte, el bloque Juntos por el Cambio (JxC) reunió 15 votos en contra y presentó una propuesta de inadmisibilidad sobre el proceso de juicio político.
El proceso continuará con la etapa de recolección de pruebas y testimonios para decidir si se emite dictamen acusando a cada uno de los cuatro jueces, en un trámite que se desarrollaría durante los próximos tres meses.
¿Qué objetivos tiene el juicio político a la Corte Suprema?
El Gobierno promueve el juicio político contra los cuatro jueces con el impulso del presidente Alberto Fernández y mandatarios provinciales, quienes advierten que contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti incurrieron en un mal desempeño en el ejercicio de su labor al frente del máximo tribunal.
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En la Comisión de Juicio Político, hay 14 expedientes contra los cuatro integrantes del máximo tribunal que, en total, suman alrededor de 60 denuncias contra cada uno de los jueces. A partir de la admisibilidad aprobada por Diputados este jueves que permitirá que se inicie la etapa de recolección de pruebas contra los acusados.
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¿Cuáles son las acusaciones a los integrantes de la Corte Suprema?
Las acusaciones giran en torno al fallo de la Corte que benefició a la ciudad de Buenos Aires en el litigio que mantiene con Nación por los fondos coparticipables, y también por reponer después de 16 años la ley que regía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura con una composición de 20 miembros, y que había sido derogada por el Congreso.
También se cuestiona al máximo tribunal el haber legitimado en 2017 el cómputo del “2×1″ para que Luis Muiña, un represor de la última dictadura cívico-militar, accediera al beneficio de la libertad condicional.
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Otra de los causales son una serie de “irregularidades, incumplimientos y desmanejos” en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn), que es administrada por la propia Corte.
