Incendios en el Delta
Este jueves el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, junto al secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, mantuvieron en el Congreso de la Nación, una reunión con diputadas y diputados nacionales e intendentes y jefes comunales de las zonas afectadas por los incendios forestales en el Delta del Paraná.
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“En lo que va del 2022 hemos tenido en el Delta 74 focos ígneos de los cuales hemos extinguido 67 y quedan 7, entre activos plenos o controlados; y en el 2021, de los 58 frentes, extinguimos todos”, expresó Cabandié en la oportunidad y agregó: “Mientras que en el 2020 hemos extinguimos 30 focos. Estos datos resultan relevantes por la cantidad de hectáreas afectadas, que en 2020 fueron 1.200 millones, en 2021, 500.000 y este año cerca de 700.000”.
En cuanto al presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), el ministro resaltó el salto cualitativo en los fondos: “En 2019 teníamos 196 millones de pesos y pegamos un salto de 7.000 millones de pesos para el ejercicio vigente; además para el 2023 tenemos planificado contar con cerca de 13.600 millones de pesos disponibles. Esto nos ha permitido hacer inversiones importantes como con los Faros de Conservación, que tienen un radio de hasta 300 km de detección de columnas de humo y de calor, además de la información satelital, que entre otras cosas, nos brindó la geolocalización de las áreas donde se prenden los fuegos, que presentamos a la Justicia por primera vez en junio del 2020″.
“Con esto solicitamos que la Justicia le pida a la provincia el catastro y el registro de propiedad de inmueble para saber quiénes son los responsables”, sumó el funcionario.
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Cabandié también se refirió al proyecto de ley de humedales: “Nosotros creemos sumamente importante la ley de humedales, nuestra decisión luego de debatir en el COFEMA con las provincias otra iniciativa, es apoyar el proyecto que obra en esta Cámara de Diputados que tiene más regulaciones. Queremos que salga esa ley, que no haya más fuegos”.
“Necesitamos la ley de humedales, ampliamos los recursos para el manejo del fuego, ampliamos estructura, hicimos inversiones, coordinamos con las provincias pero nosotros no tenemos la facultad para castigar a las provincias que no cumplen con su responsabilidad, por eso acudimos a la Justicia, presentamos cautelares, y convocamos al diálogo con todos“, afirmó el ministro.
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Por su parte, Federovisky señaló: “Estamos convencidos que el problema es el que ejerce la propiedad intelectual de los incendios que se generan en los campos. Se usa el fuego como una topadora, como avance de la frontera agropecuaria, cuando hay zonas que afloran y que normalmente están inundadas, se queman, se colocan kilómetros de terraplén alrededor de esas zonas y lo que se termina produciendo es que se impida el regreso del agua cuando el río recupere su nivel y lo que tenemos es una cambio violento y veloz del humedal a una zona de secano”.
“Todo esta información la tiene la Justicia, le entregamos los registros georeferenciados de cada uno de los focos iniciados diariamente para que crucen con la información catastral para que actúen con esos datos”, enfatizó el funcionario.
Acciones del Ministerio de Ambiente
El Ministerio de Ambiente se comunicó con las provincias de Entre Ríos y Santa Fe el pasado 18 de julio. El objetivo fue el de informar la presencia de columnas de humo captadas a través de imágenes satelitales y registradas por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) en la zona del Delta del Paraná. A su vez, puso a disposición de ambas jurisdicciones recursos para el combate de los focos registrados.
En tanto, la cartera ambiental desplegó más de 200 brigadistas y personal técnico, más de 17 medios aéreos, equipamientos, camiones, equipos de comunicación y se instaló un Centro de Operaciones de Emergencia Móvil en la localidad de San Pedro para el combate de los incendios forestales en la región.
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El miércoles el titular de la cartera ambiental presidió una nueva reunión del Comité de Emergencia Ambiental organizada en el marco del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP), en la que estuvieron presentes autoridades de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe y de los municipios de Victoria y Rosario. Las y los representantes de estas jurisdicciones y de la Nación discutieron aspectos vitales para fortalecer la coordinación y el abordaje del manejo del fuego en la región del Delta, luego de un recrudecimiento de los incendios de pastizales que impactan la zona.
El PIECAS-DP es un acuerdo interjurisdiccional entre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, junto al gobierno nacional, cuyo fin es gestionar los humedales del Delta del Paraná, a través de un uso sostenible y a una mirada integral y con enfoque regional de la cuenca. Su órgano ejecutivo es el Comité Interjurisdiccional de Alto Nivel (CIAN). Por su parte, el Comité de Emergencia fue creado a instancias de la orden de la Corte Suprema e involucra a las provincias mencionadas, a la Nación y a los municipios de Rosario y Santa Fe en la adopción de medidas eficaces de prevención, control y cesación de los incendios irregulares en los términos de la Ley 26562 en el Delta.
Del importante encuentro participó el diputado nacional Marcos Cleri, entre otras y otros legisladores nacionales por la provincia de Santa Fe; entre los intendentes presentes estuvieron Rosario Javkin de Rosario, Alberto Ricci de Villa Gobernador Gálvez, y Jorge Berti de Villa Constitución; además estuvo la senadora nacional por la provincia de Buenos Aires y presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Gladys González.
Medida cautelar a la Justicia Federal de Entre Ríos para aplicar sanciones previstas en la Ley de Manejo del Fuego
Asimismo Ambiente solicitó, a través de una medida cautelar presentada en el Juzgado Federal de Victoria, Entre Ríos, la aplicación de las sanciones contempladas en el artículo 22 y sucesivos de la Ley 26815 de Manejo del Fuego.
La norma establece que los lotes rurales en donde ocurran incendios no podrán cambiar su uso por un período de 60 años cuando se trate de zonas protegidas y 30 años cuando se produzcan en áreas rurales sin protección. El objetivo de estos plazos es recomponer y reparar el área ambiental castigada por los focos ígneos. Es responsabilidad de las jurisdicciones provinciales y de la Justicia aplicar las acciones de recomposición y reparación que se establecen en las leyes vigentes.
