Islas y humedales públicos del delta
Organizaciones y abogados ambientalistas presentaron un pedido al gobierno de la provincia de Entre Ríos para acceder a la información pública y ambiental, y reclamaron que se revele la situación de las tierras públicas ubicadas en las islas y humedales del delta del río Paraná, en el marco de los incendios que se desarrollan en la zona.
Leer más: La propuesta de Ampliación del Parque Nacional Islas de Santa Fe es Ley
La solicitud fue presentada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, las Multisectoriales por los Humedales de Paraná y Rosario, la organización “El Paraná No se Toca” y “Salvemos los Humedales”.
Según la misma, existen más de 300.000 hectáreas en el delta del Paraná que son tierras públicas de Entre Ríos y donde se registran “gran parte de los focos de incendios”.
Leer más: Detuvieron a otras dos personas acusadas de iniciar incendios en las islas
La sociedad “precisa una rendición de cuentas fehaciente sobre qué tierras posee la provincia de Entre Ríos y con qué criterios y condiciones son cedidas, a quiénes y para qué se utilizan”, remarcaron en un escrito y advirtieron que, si bien actualmente no se registran focos activos, los incendios en la zona “intensifican a niveles nunca vistos” el daño a los ecosistemas y humedales que “merecen un cuidado extremo”.
De esta manera, exigieron que el Gobierno de Entre Ríos detalle qué tierras, con qué criterios y condiciones fueron cedidas, algunas “incluso gratuitamente”, a quiénes y para qué se utilizan, y si se realizaron terraplenes o construcciones que afecten el ecosistema.
Leer más: Reporte oficial por los incendios en Argentina: Son siete las provincias con focos activos
También solicitaron información sobre las infracciones labradas desde 2020 por incendios, los planes de ordenamiento ambiental territorial existentes, si se evaluaron los impactos ambientales y lo que realiza el Comité de Emergencia Ambiental.
Para los ambientalistas, el acceso a la información pública y ambiental “es fundamental para garantizar la posibilidad de participación y control de las decisiones”, y para generar un marco jurídico y regulatorio que “evite daños de difícil o imposible recuperación”.
