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Donald Trump podría pagar una multa de U$S250 millones tras ser declarado culpable de fraude financiero

La resolución judicial llega días antes de que comience el juicio contra el exmandatario por esa causa, por la que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, pidió una multa de U$S 250 millones.

Unos U$S 250 millones: la multa que podría pagar Trump tras la sentencia por fraude

Una sentencia dictada por el juez estatal de Nueva York, Arthur Engoron, determinó que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, cometió fraude al exagerar su patrimonio neto en registros financieros. Esta resolución judicial llega días antes de que comience el juicio contra el exmandatario por esa misma causa, por la cual la fiscal general de Nueva York, Letitia James, solicitó una multa de U$S 250 millones.

El fallo del juez Arthur Engoron

El martes pasado, el juez Arthur Engoron se pronunció sobre una demanda civil presentada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James. En su determinación, el juez concluyó que Trump y su empresa habían engañado a bancos, aseguradoras y otras entidades al inflar significativamente el valor de sus activos y exagerar su patrimonio neto en la documentación utilizada para cerrar acuerdos y obtener financiación.

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Las cifras en disputa

Según las acusaciones de James, el exmandatario presidencial infló su patrimonio neto hasta en 2.230 millones de dólares, y en algunos casos hasta en 3.600 millones de dólares, en sus declaraciones financieras anuales entregadas a bancos y aseguradoras. Entre los activos cuyo valor se infló, se incluyen la lujosa finca de Trump en Mar-a-Lago, Florida, su ático en la prestigiosa Torre Trump de Manhattan y varios complejos de oficinas y campos de golf.

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La reacción de los abogados de Trump

Los abogados del magnate calificaron la decisión como “indignante” y afirmaron que buscarán apelarla. Cristopher Kise, abogado de Trump, declaró a The New York Times: “La decisión busca nacionalizar uno de los imperios corporativos más exitosos de Estados Unidos y tomar el control de la propiedad privada”. La defensa insiste en que las acusaciones son infundadas y que se trata de un ataque político.

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