Así lo declaró la jueza Marta Cirulli y se mantuvo la decisión sobre los bienes de la empresa. La decisión sigue el pedido de la Procuración del Tesoro Carlos Zannini.
Nuevo revés judicial para la familia Macri
Este lunes jueza en lo comercial Marta Cirulli decretó la quiebra de la empresa Correo Argentino SA de la familia Macri, y se mantuvo la decisión sobre los bienes de la empresa. “Hágase saber la quiebra decretada, a cuyo fin ofíciese a la Inspección General de Justicia, y al Banco Central de la República Argentina”, dijo la jueza
“Requiérasele asimismo a este último, que comunique el estado de falencia a todas las instituciones de crédito del país, las que deberán trabar embargo sobre todas las sumas de dinero y otros valores que se encuentren depositados a la orden de la fallida, y procedan a transferirlos al Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a la cuenta de autos y a la orden de la suscripta”, continuó.
La medida va en sintonía con el pedido de la Procuración del Tesoro Carlos Zannini, del cuál el expresidente lo nombró en una dura carta donde denunció persecución judicial con su familia.
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El Grupo Macri obtuvo la concesión del Correo Argentino en 1997 durante el gobierno del fallecido expresidente Carlos Menem y esa concesión fue rescindida en 2003, cuando el gobierno de Néstor Kirchner detectó que la empresa solo había pagado uno de los cánones semestrales que le correspondía abonar por cifras superiores a los 50 millones de pesos/dólares.
En 2001 comenzó el concurso de acreedores del Correo Argentino S.A. pero el caso cobró mayor exposición pública en 2016, durante el Gobierno de Macri, porque el Poder Ejecutivo se mostró dispuesto a aceptar una oferta que consideraba que la deuda era la misma que en 2001 y proponía pagarla en 15 cuotas, algo que la fiscal ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, se opuso por considerar que era “abusivo”.
Posteriormente en el mismo expediente, Correo Argentino S.A. ofreció pagarle al Estado, de una sola vez y como toda deuda, 1.011 millones de pesos: la cifra representa bastante más que los 296 millones (a pagar en cuotas) que estuvo dispuesto a aceptar el gobierno de Macri, pero mucho menos de los más de 5.000 millones que reclama la Procuración Del Tesoro Nacional.
Fuente: Infobae
