Macri, Rodríguez Simón y Garavano fueron sobreseídos por Capuchetti
A pesar de la feria judicial que suele abarcar todos los veranos durante el mes de enero, continúan emitiéndose fallos en causas de gran relevancia que implican a figuras políticas con considerable influencia y exposición.
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Este lunes se reveló que el caso conocido como “Mesa Judicial”, promovido para indagar si el gobierno de Mauricio Macri ejerció presión sobre jueces para obtener fallos favorables o castigar a aquellos que emitían resoluciones desfavorables, y que se convirtió en un pilar discursivo en la hipótesis de lawfare del kirchnerismo, quedó sin efecto.
Según reporta el portal Infobae, tanto el expresidente Macri, el exministro de Justicia Germán Garavano, su asesor Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y varios de sus exfuncionarios fueron exonerados al considerar que nunca se cometió un delito y que, durante cuatro años, no se hallaron pruebas que respaldaran dicha hipótesis.
Según los denunciados, todo fue un discurso elaborado dirigido a funcionarios del kirchnerismo que enfrentaban problemas legales. Sin mencionarla directamente, hacían referencia a Cristina Kirchner.
El fallo, firmado hace unas semanas pero revelado recientemente, estableció varios puntos cruciales. El más destacado es que los jueces o funcionarios que supuestamente fueron objeto de presión nunca presentaron denuncia en su momento, a pesar de estar obligados como funcionarios públicos. Además, durante sus declaraciones, afirmaron que no se sintieron afectados ni influenciaron sus decisiones judiciales en las causas en las que estaban involucrados.
“Esta cuestión no es menor, por cuanto no se trata aquí de víctimas legas, que años después de un evento traumático podrían resignificar vivencias delictivas para aportar sus versiones a la justicia. Se trata aquí de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, que no solo se presume conocen el derecho y, por lo tanto, pueden mínimamente distinguir un accionar delictivo de aquel que no lo es, sino que, además, cuentan con la carga pública de denunciar ante la existencia de un delito como tal”, sostuvo el fallo firmado por la jueza María Eugenia Capuchetti.
Además, según afirmó Capuchetti, “tampoco se advierte que los magistrados (independientemente de que no hayan denunciado), se hayan apartado de los expedientes que presumiblemente motivaban las presiones, a fin de garantizar su imparcialidad”.
