Confirmaron el arresto y el procesamiento del ex ministro, investigado por desvío de fondos en el Yacimiento Carbonífero.
La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento y la prisión preventiva para el detenido ex ministro de Planificación Julio De Vido, en la causa en la que se lo investiga por el supuesto desvío de fondos en el Yacimiento Carbonífero Río Turbio. Así lo determinó la Sala II del tribunal: los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia se pronunciaron a favor de la medida, mientras que Eduardo Farah votó en disidencia.
Se trata del expediente por irregularidades en el manejo de fondos para la remodelación de la mina de carbón de Río Turbio. En esta causa, que está a cargo del juez federal Luis Rodríguez, el ex funcionario está acusado de malversación de fondos por $ 26.000 millones y del desvío de $ 265 millones.
Detenido desde el pasado 25 de octubre, sobre De Vido pesa además otra causa con prisión preventiva: administración fraudulenta por sobreprecios en la compra de buques de Gas Natural Licuado, en una investigación que lleva adelante Claudio Bonadio.
De acuerdo a la acusación del juez, De Vido es responsable de las maniobras fraudulentas relacionadas a la mina de carbón de Río Turbio en Santa Cruz. El magistrado determinó que todas las acciones vinculadas al destino de los fondos partieron “del Ministerio de Planificación que dependía de De Vido”. Los camaristas ratificaron la decisión de Rodríguez.
Según la investigación la maniobra investigada se realizó a través de convenios de cooperación entre Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), la UTN, la Facultad Regional Santa Cruz (FRSC) y la Fundación. En su resolución, Rodríguez advirtió que “se encuentra acreditado que no se respetó la normativa vigente y se burlaron los principios que rigen toda contratación con fondos públicos, lo que satisface el requisito típico del delito en cuestión”.
Para el juez, además, se concluyó que “la maniobra investigada reportó un claro perjuicio patrimonial al Estado, que tal como se detalló al imponer el hecho al imputado, se compone de las comisiones efectivamente abonadas con fondos del Estado Nacional a la FRSC (Facultad Regional Santa Cruz) y a la Fundación (de esa facultad)”.
