Confirmaron un paro de colectivos para el jueves 8 en todo el interior del país
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un paro general que impacta en los sistemas de transporte urbano del interior del país, incluyendo el de la ciudad de Santa Fe. Esta medida fue tomada después de que no se lograra un acuerdo en una nueva audiencia paritaria entre el sindicato, que representa a los choferes, y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), la cámara empresarial que representa a las empresas prestadoras del interior del país.
El sindicato busca emular el acuerdo logrado con las empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), cerrado el pasado viernes. En dicho acuerdo, se acordó un aumento que eleva el salario básico de los trabajadores a $597 mil desde enero, y a $737 mil desde febrero.
Además, se agrega el viático de $3.415 por día trabajado en enero, totalizando casi 82 mil pesos. En febrero, esta cifra asciende a $4.215, alcanzando unos 101 mil pesos en el mes completo.
Además, se estableció un pago único de $390 mil, con $140 mil a cobrar en febrero y $250 mil en marzo.
El salario básico será de $987 mil en febrero, utilizado como referencia para futuras discusiones salariales después del 15 de marzo, una vez que se publique la inflación por parte del Indec.
Durante la audiencia, Fatap afirmó que no puede ofrecer ninguna propuesta relacionada con la recomposición salarial. También advirtió que el transporte del Interior fue excluido como actividad económica relevante para el Gobierno Nacional, lo cual es preocupante e inexplicable, ya que el sector no recibirá los beneficios del Fondo Compensador, ni siquiera los montos establecidos para el año 2023.
Fatap señaló que el gobierno nacional adeuda al sector una suma de $20.500 millones correspondientes al Fondo Compensador del año 2023.
Los representantes de UTA exigieron la aplicación del mismo acuerdo alcanzado en AMBA. Además, advirtieron: “No vamos a observar inmóviles ante la imposición de la precarización de las condiciones laborales que pretenden imponernos, ni la reducción de las fuentes de trabajo, ni mucho menos permitir que se nos imponga la reducción de los sueldos que se ven licuados día a día por la demora en acordar, en una economía altamente inflacionaria como la que atravesamos”.
