Causa por presunto espionaje ilegal en Santa Fe
La Justicia de la provincia de Santa Fe se encuentra investigando si más de una decena de políticos y exfuncionarios pertenecientes a distintos partidos, administraciones, periodistas, empresarios y gremialistas fueron víctimas de maniobras de espionaje ilegal. Esto se da en el marco del perfilamiento sistemático de personas físicas y jurídicas durante la gestión de Marcelo Sain al frente del Ministerio de Seguridad.
En total, hay 661 personas que la Justicia pidió información al Fiscal Carlos Arietti, para comprobar si habían sido objeto de investigaciones durante la gestión de Sain en la cartera de Seguridad.
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Hernán Funes, periodista rosarino, dialogó al respecto con SOL 91.5 y expresó: “Es una situación muy grave para la democracia de la provincia de Santa Fe. Es imprescindible y necesario que un juez lo valore en audiencia a cuál la teoría del caso de los fiscales para poder comenzar a poner blanco sobre negro a algunas versiones que han trascendido en el último tiempo“.
“La Justicia de la provincia de Santa Fe investiga si unas 600 personas, pero podrían ser más adelante 1.200, han sido víctimas de espionaje ilegal en el Ministerio de Seguridad que condujo Marcelo Saín junto a un grupo de funcionarios que él designó“.
¿Qué es espionaje ilegal?
El periodista explicó que “uno puede pensar en distintas formas de espionaje ilegal. Primero, la interceptación de comunicaciones telefónicas, de correos electrónicos, comunicaciones que viajan a través de las redes por teléfonos celulares o seguimientos. Esto, inicialmente, no es así. Tiene que ver con la recopilación de información sobre distintas personas de forma sistemática, es decir, que había funcionarios del Estado, policías, analistas del organismo de investigación, que tenían como parte de sus tareas recopilar información de determinadas personas“.
“Un Ministerio de Seguridad de una provincia lo puede hacer en términos investigativos, siempre y cuando se lo esté solicitando alguna autoridad judicial en el marco de una causa abierta, teniendo un control judicial. De lo contrario, se transforma en una cuestión sistemática, discrecional, a dedo, poniendo primero a la persona y después al delito”, agregó.
En ese sentido, señaló que es “casi una cuestión que roza la persecución porque estamos encontrando algunos empresarios que nada tienen que ver con delitos u organizaciones criminales, periodistas que lo máximo que hicieron fue criticar a Marcelo Saín en sus redes sociales o empresarios de la salud privada cuyo único conflicto fue empresarial por una disputa de las prestaciones con la obra social“.
¿De qué tipo de información se trata?
“Cuando uno habla de recopilar información“, expuso Funes, “es sobre viajes, patrimonios, propiedades, gustos, redes sociales y un montón de cosas que el Estado tiene prohibido hacerlo (Inc. 2 Art. 4 de la Ley de Espionaje)“.
“Los organismos de inteligencia y los organismos estatales tienen prohibida la recopilación de información sobre personas físicas o jurídicas. Aparecen nombres y apellidos, empresas, instituciones, organizaciones no gubernamentales, colegios que fueron cuanto menos perfilados“, detalló el periodista.
¿Cómo surge la causa por presunto espionaje ilegal?
“Esto surge de la búsqueda que hicieron algunas personas en bases de datos tanto abiertas como cerradas. La sospecha de la Justicia y de los fiscales Hernández y Jiménez de Delitos Complejos de la ciudad de Santa Fe para toda la provincia, indica que esto sucedía y de forma sistemática bajo las órdenes del exministro de Seguridad Marcelo Saín“, remarcó Funes.
Algunos nombres que figuran en la lista
En la lista aparecen figuras relevantes de la política, como el exgobernador Antonio Bonfatti, la vicegobernadora Alejandra Rodenas, el diputado nacional Roberto Mirabella, y los diputados provinciales “Paco” Garibaldi, Julián Galdeano y Maximiliano Pullaro.
Además, hay varios integrantes del propio gobierno santafesino como el presidente del directorio de la EPE, Mauricio Caussi, y funcionarios de tercera línea del Ministerio de Seguridad como el extitular de Asuntos Penitenciarios Jorge Bortolozzi (hoy secretario de Seguridad Pública).
En cuanto al sistema judicial, figuran los nombres de los fiscales Matías Edery, Adrián Spelta, Aquiles Balbi y Gabriela Lema, así como también del juez federal Marcelo Bailaque y la exmagistrada Laura Cosidoy. Está asimismo la jefa de la Policía Emilce Chimenti.
El rubro de los negocios también está presente. La nómina muestra al titular del Grupo Oroño Roberto Villavicencio, la familia Quaranta -dueña del Sanatorio de la Mujer-, el ex líder del Cordón Industrial Herme Juárez, el metalúrgico Orlando Castellani y el gastronómico Roberto Dutra, entre otros.
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Con información de Rosario3 y El Litoral
