Se trata de una disposición que endurecerá los controles migratorios para luchar contra los delitos transnacionales. El presidente se reunió con su gabinete para resolver la situación.
El presidente Mauricio Macri se reunió el jueves 26 de enero en la residencia de Olivos con el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, y luego participó en un encuentro de coordinación de Gobierno.
Los funcionarios llegaron unos minutos antes del mediodía. A la casa del Presidente arribaron los dirigentes de la primera línea del Gobierno: estuvieron allí el jefe de Gabinete, Marcos Peña; la canciller Susana Malcorra y el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana.
El motivo del encuentro era importante: resolver el endurecimiento de los controles migratorios antes de la partida de Macri a la costa bonaerense.
El presidente dejó firmado un documento clave: el decreto que endurece y refuerza los controles en las fronteras de la Argentina. Ahora, solo falta la publicación oficial para que se modifique definitivamente la Ley de Migraciones.
El texto del decreto que endurecerá los controles migratorios ya estaba terminado y solo faltaba la firma del presidente, Mauricio Macri. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, explicó que la iniciativa tiene tres ejes: “Aquel que cometió un delito en su país, no entra en la Argentina; aquel que comete un delito estando en la Argentina será expulsado de manera rápida (en un plazo de tres meses); y aquel que ya cometió un delito hay que esperar a la mitad de la condena, pero inmediatamente se le va a sacar su residencia”.
Este jueves, el Gobierno dio otro paso en su plan de incrementar los controles migratorios al crear la Comisión Nacional de Fronteras, que tiene como objetivo -según explicaron desde el Ejecutivo- “establecer una estrategia integral de lucha contra el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y otros delitos transnacionales”.
La nueva medida se suma a la puesta en marcha del sistema de Información Anticipada de Pasajeros (API) en aviones y cruceros, que busca restringir el ingreso al país de extranjeros con antecedentes penales y acelerar la salida de aquellos que sean condenados por delinquir.
Los principales puntos en los que busca avanzar el Ejecutivo:
– Agilizar los convenios de información con Estados Unidos, Colombia y los países limítrofes. Además, con las empresas aéreas de transporte de pasajeros a través de los sistemas API (Información Anticipada sobre Pasajeros) y RNP (Registro de Nombres de Pasajeros).
– Abordar el foco de la problemática, las “zonas de paraguayos o peruanos”, según advierten en el Ejecutivo, que se insertan en los asentamientos. Reforzar el trabajo con la PROCUNAR, la fiscalía antidroga, para establecer un sistema de prohibición de reingresos para personas con antecedentes importantes.
– Intensificar el trabajo en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Capacitar al personal y controlar los pasos fronterizos (ver recuadro).
– Según datos de Migraciones, durante el 2016 Argentina fue el país que más radicaciones generó en América del Sur, y el que le sigue está 50 por ciento abajo. “Se dieron 28 mil turnos a migrantes para que regularicen su situación; este país tiene autoridad moral para sentarse a discutir la forma en la que ingresan y cómo le ponemos cortapisas a los delincuentes, para que se vayan”, planteó García.
– Hacer cumplir el artículo 29 de la ley 25.871 que, por ejemplo, estipula en su artículo C que será causal de expulsión “haber sido condenado o estar cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres (3) años o más”.
– La conexión a INTERPOL internacional de las bases de datos. “Cualquier juzgado de cualquier lugar del mundo que genere una restricción sobre un ciudadano la tiene la Argentina”, dijo el funcionario.
Fuente: Infobae
