El riesgo hídrico y ambiental en los cambios en la Ley de Glaciares
El gobierno de Javier Milei envió un proyecto de reforma para cambiar el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, mejor conocida como Ley de Glaciares (Ley 26.639). El mismo ya ingresó en la Cámara de Senadores de la Nación. Esta iniciativa generó un fuerte rechazó en ambientalistas, científicos y expertos en derecho ambiental, ya que se trata de un gran retroceso en materia ambiental.
¿Qué dice la Ley actual de Glaciares?
Sancionada en 2010, la Ley 26.639 es una norma de presupuestos mínimos de protección ambiental, enmarcada en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Su objetivo principal es preservar los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua dulce, fundamentales para el consumo humano, la agricultura, la generación de energía y el equilibrio de los ecosistemas.
La ley define de manera amplia a los glaciares, incluyendo toda masa de hielo perenne, sin importar su tamaño (morfología) o estado, y también protege el ambiente periglacial, es decir, las zonas de alta montaña que funcionan como reguladoras del recurso hídrico (proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas). La norma los resguarda estableciendo la prohibición de actividades que puedan afectar su condición natural o sus funciones como reservas de agua.
Además, dispone un estudio de los mismos a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). Entre sus funciones se encuentra la creación de un Inventario Nacional de Glaciares. En Argentina, según el último realizado (2018), existen 16.968 glaciares, que ocupan una superficie aproximada de 8.484 km².
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Modificaciones de la ley propuestas por el gobierno
El proyecto impulsado por el Ejecutivo plantea una reforma integral de la ley, con el argumento de “ordenar” el marco normativo, reducir la “inseguridad jurídica” y fortalecer el rol de las provincias.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la redefinición del alcance de la protección ambiental, reduciéndola. La reforma plantea que solo queden protegidos los glaciares y áreas periglaciales que cumplan funciones hídricas específicas, a diferencia del esquema actual, que protege de manera amplia a todos los cuerpos de hielo y al ambiente periglacial en su conjunto. Ya que estos, de por si son reservas hídricas que cumplen roles en los ecosistemas.
Además, el proyecto transfiere mayor poder de decisión a las provincias, que pasarían a definir qué zonas deben ser protegidas y cuáles no. También propone modificar los mecanismos de evaluación ambiental, reduciendo el peso de los criterios nacionales y científicos establecidos por la ley vigente y otorgando mayor protagonismo a las autoridades provinciales.
Dónde se debate el proyecto
La iniciativa fue enviada al Senado de la Nación, donde se discute en comisiones vinculadas a ambiente, energía y minería, y forma parte del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso. Su tratamiento en el recinto está previsto para las próximas semanas.
Fuerte rechazo de organizaciones de la sociedad civil
Varias ONG rechazan los cambios en la ley, argumentando que reducir la protección de los glaciares implica comprometer el acceso al agua para las personas y la biodiversidad.
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Sin mencionar que pone en riesgo sus funciones hídricas en un contexto de crisis climática y creciente estrés hídrico.
