Avanza en el Senado la reforma a la Ley de Glaciares
La reforma a la Ley Nacional de Glaciares obtuvo dictamen de mayoría en el Senado tras reunir 19 votos a favor en un plenario de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y Combustibles. Pese al avance legislativo, el oficialismo y la oposición acordaron postergar su tratamiento en el recinto para febrero próximo, una decisión similar a la adoptada recientemente con el proyecto de reforma laboral.
La iniciativa fue presentada el martes pasado por el gobierno nacional y propone modificar aspectos centrales de la norma que regula la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. En lo sustancial, el proyecto introduce cambios que otorgarían a las provincias la potestad de definir qué glaciares deben ser protegidos, en función de estudios propios que determinen su importancia hídrica estratégica, es decir, su aporte de caudal a ríos y lagos.
Según el Ejecutivo, la propuesta está vinculada a la posibilidad de habilitar la actividad minera en zonas donde actualmente se encuentra prohibida. En un comunicado difundido el lunes por la Oficina del Presidente, el gobierno explicó que la iniciativa surge a partir de un pedido de las mesas del cobre y del litio, integradas por las provincias de San Juan, Mendoza, Salta, Jujuy y Catamarca.
El proyecto generó un fuerte rechazo desde el ámbito científico y ambiental. Más de 80 organizaciones ambientales nacionales e internacionales manifestaron su oposición y expresaron “profunda preocupación” por lo que consideran una flexibilización —o incluso una derogación tácita— de la ley vigente. Desde estos sectores calificaron la propuesta como regresiva y advirtieron que podría contradecir la Ley General del Ambiente.
Entre los cambios más relevantes se destacan los introducidos en el artículo primero y en el artículo tercero bis. El primero establece que las provincias pasarían a ser la autoridad de aplicación última en materia de protección de glaciares y ambiente periglacial, con el objetivo de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas.
El segundo incorpora un principio precautorio que dispone la protección de los glaciares y del ambiente periglacial “hasta tanto” la provincia correspondiente verifique la inexistencia de funciones de reserva estratégica de agua.
La ley actualmente vigente establece la protección de todos los glaciares, independientemente de su tamaño o ubicación, e impide el desarrollo de actividades productivas en esas áreas. Además, prevé que los cuerpos de hielo protegidos estén incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares, cuya auditoría está a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla). Desde 2010, ese organismo identificó cerca de 17.000 cuerpos de hielo en todo el país.
