“Las facturas exorbitantes del gas escapan a todas luces a las exigencias de proporcionalidad, racionabilidad y gradualidad requeridas por la Suprema Corte de Justicia”, advirtió el titular de la Defensoría del Pueblo de la provincia, Raúl Lamberto.
“Las facturas exorbitantes del gas escapan a todas luces a las exigencias de proporcionalidad, racionabilidad y gradualidad requeridas por la Suprema Corte de Justicia”, advirtió el titular de la Defensoría del Pueblo de la provincia, Raúl Lamberto. El funcionario se encargó de recordar que en la audiencia pública convocada para tratar el impactante aumento de la tarifa, en septiembre el año pasado, ya había advertido que en la provincia se iban a terminar pagando cinco aumentos juntos.
En ese encuentro, Lamberto pidió que las defensorías de carácter provincial puedan actuar como atentos auditores externos en materia de determinación tarifaria, evaluando las propuestas y las documentaciones presentadas por las empresas y de esa manera poder expedirse fundamentalmente respecto a cuál sería una tarifa justa y razonable. “Sin embargo, nunca podemos contar con los recursos técnicos y la información necesaria para poder evaluar los costos presentados”, se lamentó.
Desde la Defensoría se recordó que el primer aumento del servicio fue decretado en el año 2014, pero por una medida cautelar presentada se suspendió ese notable incremento para los usuarios de Litoral Gas.
En junio de 2015 un fallo de la justicia aprobó la aplicación de dicho aumento, que se sumó a un nuevo incremento aplicado también en el 2015.
El tercer incremento es el monto que se incluye en las boletas como retroactivo de lo que no se cobró mientras estuvo vigente la medida cautelar. Un cuarto aumento se determinó en 2016 y generó diversas presentaciones que culminaron con el fallo de la corte de agosto de ese mismo año, que declaró su nulidad. En virtud de ese fallo se llamó a una Audiencia Pública, y finalmente se aplicó el aumento en el mes de octubre. La quinta y última suba, hasta el momento, se aplicó en abril de este año.
Fuente: La Capital /Defensoría del Pueblo.
