Solicitó al Ente Regulador de Servicios Sanitarios y al Ministerio de Medio Ambiente que comunique si el incidente modificó el proceso de potabilización del agua, cuáles son las medidas que se están adoptando al respecto y si ha sido identificada la causa del vertimiento. También le requirió a Prefectura que indique si fue aplicado el plan de contingencia.
La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe pidió este martes informes al Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) y al Ministerio de Medio Ambiente de la provincia por el derrame de aceite en las costas del río Paraná. El organismo provincial exigió que se agoten todas las vías para estudiar el caso, solicitó saber cuáles son las medidas que se están adoptando al respecto y requirió precisiones sobre la implementación del plan de contingencia.
“Con el afan de velar por el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollado humano, garantizando el acceso a una óptima calidad de agua” -según explica en el oficio-, la Defensoría solicitó al Enress conocer cuál fue el plan de contingencia realizado en virtud del vertimiento de aproximadamente 800 litros de aceite vegetal (de acuerdo con el informe preliminar de Prefectura) en las aguas del río Paraná frente a las costas del departamento San Lorenzo, ocurrido el pasado 30 de enero. La institución también le consultó al organismo de control de los servicios sanitarios si “realizó controles de calidad de agua, qué parámetros han sido muestreados y cuáles fueron los resultados obtenidos”. También le consultó si tiene conocimiento “de la posibilidad de modificación en el proceso de obtención y/o potabilización de agua por parte de la empresa Aguas Santafesinas SA (Assa).
Por otra parte, también en el marco de la Resolución 17/1177, consultó al Ministerio de Medio Ambiente de la provincia si “ha sido identificada la causa del vertimiento”. Asimismo, pidió a la repartición pública informar “qué sanciones aplicará el Ministerio a la empresa responsable del vertimiento, teniendo en cuenta que el artículo 28 de la ley 11.717 explica que la sanción deberá tener en cuenta la magnitud del daño o peligro ambiental ocasionado”.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo también dirigió un pedido de informes a la Prefectura Naval Argentina a fin de que informe si, “como autoridad de aplicación, realizó el plan de contingencia indicado para el caso del incidente”. Además, en caso de que la respuesta sea afirmativa, le pidió explicitar “cuáles fueron las acciones realizadas, la sustancia derramada y las posibles consecuencias en la calidad del recurso”.
Fuente: Defensoría del Pueblo
