El fiscal Federal Walter Rodríguez dispuso una serie de medidas para intensificar la investigación por la desaparición de la mujer, ocurrida en mayo de 2009.
Bajo el título “Buscamos a Natalia Liliana Soledad Acosta”, la Fiscalía Federal N° 2 de Santa Fe, a cargo del Dr. Walter Rodríguez, emitió un comunicado de prensa en el que da cuenta de las últimas medidas adoptadas en torno a la investigación abierta para dar con el paradero de la joven de 21 años, que desapareció hace 8 años, de una esquina céntrica de la capital provincial.
La intensificación de las tareas de búsqueda tiene como correlato, en el ámbito internacional, la declaración de “Notificación Amarilla” por Interpol, “que contribuye a reforzar la solicitud de búsqueda de la nombrada a nivel mundial”, señalaron desde el Ministerio Público Fiscal.
En el orden interno, además del pedido de paradero activo registrado en el Sistema Federal de Comunicaciones Federales (SIFCOP), el 10 de enero último el Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso una recompensa de 500.000 pesos destinada a aquellas personas que, sin haber participado en el hecho delictual, brinden datos útiles que sirvan para obtener el paradero de Natalia.
El Ministerio Público Fiscal desplegó una estrategia que consiste en buscar a Natalia Acosta viva, pero también considerar la posibilidad de que la joven pueda hallarse fallecida a la fecha. Es decir que la tarea “se dividió en dos áreas”. “La principal, donde se persigue la reconstrucción histórica de los hechos y la determinación de sus responsables; y otra paralela a la anterior, denominada “legajo de identificación”.
Perfil genético
En el caso que el fallecimiento de la víctima se admitió como una variable posible, se inició un proceso de entrecruzamiento de impresiones digitales con el objeto de despejar si Natalia Acosta (no individualizada como tal), se encuentra actualmente registrada como NN en alguna base de datos oficial, siguiendo los lineamientos elaborados por la PROTEX y ACCT en la publicación titulada “Búsqueda de personas en democracia”.
“En una segunda etapa, se evaluarán las condiciones para promover comparaciones entre los perfiles genéticos aportados por los progenitores de la nombrada y otros dubitables, a cuyo efecto se impulsó la resolución judicial del pasado 14 de agosto, que dispuso la obtención de muestras de ADN por intermedio del Equipo Argentino de Antropología Forense”, sigue el comunicado oficial.
Éste último pedido, que en gran parte está pendiente de respuestas, ha sido dirigido a los gobernadores de todo el país y al Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (y por intermedio de ellos a intendencias y comunas), para contar con las huellas dactiloscópicas de aquellos cadáveres de mujeres no identificados, cuyas características físicas sean coincidentes con la víctima.
“Desde este espacio institucional insistimos en el cumplimiento de tal pedido de colaboración con carácter de urgente y preferencial”, destacó la fiscalía.
El caso de Natalia Acosta, ha llegado incluso a ser tratado por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas, que tras examinarlo, lo transmitió al gobierno argentino el 12 de octubre de 2016, para que se lleven a cabo “las oportunas investigaciones para poder esclarecer el destino y paradero de la señora Acosta y proteger sus derechos”.
Explotación sexual
Natalia Acosta fue vista por última vez la noche del 28 de mayo de 2009 en la intersección de las calles 25 de Mayo y Suipacha, en el centro de la ciudad de Santa Fe. Su búsqueda fue trabajada alternativamente por la justicia provincial y federal, con serias críticas por parte de los padres de la chica -Cristina Balán y Ariel Acosta-, así como de organismos e instituciones sociales y de derechos humanos que colaboraron en la labor.
El año pasado -precisamente el 27 de octubre- los padres de Natalia lograron que la Procuración General de la Nación formalizara un pedido a la Corte para que el caso fuera investigado como trata, puesto que “la noche de su desaparición la joven se encontraba en situación de explotación sexual, y fue en ese contexto de vulnerabilidad en que se produjo el suceso investigado”, expresaron desde la procuración.
El 1º de noviembre de 2016 la Corte nacional puso el caso en manos del juez Federal Nº 2, Francisco Miño y actualmente está siendo impulsada por el fiscal federal Nº 2, Walter Rodríguez, quien acaba de lanzar una batería de medidas.
Contactos
Cualquier dato de interés puede suministrarse a la Fiscalía Federal N° 2 de Santa Fe, teléfonos (0342) 459-5949 / 459-8494; e-mail: [email protected], o concurriendo a su sede de calle Monseñor Zaspe 2766. Asimismo, el Ministerio de Seguridad de la Nación a través del “Programa nacional de coordinación para la búsqueda de personas ordenada por la justicia”, puso a disposición el número de teléfono 0800-555-5065.
Fuente: Sol 91.5 / El Litoral
