En el primer trimestre aumentó los fondos de programas para prevenir el embarazo adolescente, que en los últimos dos años se habían desfinanciado; eso incluye la distribución de anticonceptivos.
a prevención del embarazo no deseado, causa principal de abortos en el país, no fue una prioridad para el Gobierno en sus dos primeros años de gestión. En 2016 y en 2017 se subejecutaron las partidas presupuestarias de educación y salud sexual, y se incumplieron las metas de distribución gratuita de anticonceptivos en la población. La situación dio un giro este año, en coincidencia con el debate sobre la despenalización del aborto, que comenzará a tratarse mañana, en comisión, en la Cámara de Diputados.
Con la instrumentación del Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA), en los primeros tres meses de este año subió un 67% el presupuesto destinado a promover la salud sexual y la procreación responsable.
La decisión del presidente Mauricio Macri de impulsar la agenda de género en el Congreso marca, así, un punto de inflexión. En efecto, los presupuestos ejecutados de 2016 y de 2017 dan cuenta de fuertes subejecuciones en el programa Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable, a cargo del Ministerio de Salud, destinado a la prevención del embarazo no deseado y de las enfermedades de transmisión sexual. Por caso, en 2016 solo se repartió el 10% de los preservativos previstos y apenas el 27% de los tratamientos anticonceptivos planificados. En 2017, esos porcentajes treparon al 75% y al 70%, respectivamente.
El Gobierno espera revertir esta situación con la instrumentación del Plan ENIA, que comenzará a desplegarse este año. Sus objetivos principales son el acceso a la consejería en salud sexual y salud reproductiva en centros de salud y en las escuelas, la educación sexual integral en las escuelas y el acceso a métodos anticonceptivos de probada eficacia para evitar un embarazo.
Además se prevé el acceso a mecanismos de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes que sufren situaciones de vulnerabilidad social y estén expuestos a situaciones de abuso sexual dentro y fuera de sus familias, así como el acceso a la interrupción legal del embarazo en las situaciones previstas por el marco normativo del país.
Fuente: La Nación.
