Los culpables podrían enfrentar penas de entre dos y cuatro años de prisión
El Gobierno nacional avanza en la creación de un proyecto de ley que tiene como objetivo erradicar el poder de las barrabravas y los negocios ilegales que las alimentan. La iniciativa busca catalogar a estos grupos violentos como organizaciones criminales y aplicarles penas severas por actividades ilícitas vinculadas al fútbol, como el transporte de armas y la reventa de entradas de protocolo. En caso de ser aprobada, las sanciones podrían alcanzar de dos a cuatro años de prisión.
Actualmente, el proyecto se encuentra en revisión en el área de Legal y Técnica de la Presidencia, pero su propuesta busca tratar a las barrabravas como asociaciones ilícitas, lo que permitiría endurecer las penas para no solo sus miembros, sino también para los dirigentes que colaboren con ellos.
De esta forma, la ley apunta a golpear de manera más fuerte las fuentes de financiamiento que mantienen a estos grupos, que se benefician a través de actividades como extorsión, amenazas y negocios ilegales.
Entre las acciones que se buscan penalizar está el control de estacionamientos ilegales en los alrededores de los estadios, conocido como el trabajo de los trapitos.
Por otro lado, el proyecto también apunta a los dirigentes de clubes. Aquellos que entreguen entradas a las barras o mantengan relaciones de complicidad con los grupos violentos, enfrentarán penas de hasta seis años de prisión.
Finalmente, se incluye en el proyecto a los organizadores de eventos deportivos, quienes también serían sancionados si permiten el ingreso de armas o facilitan el acceso de personas con antecedentes legales.
Otra de las medidas que se va a implementar es hacer más estrictas las inhabilitaciones administrativas. Las autoridades podrán prohibir el ingreso a los estadios a personas que estén imputadas por delitos, aunque no haya una sentencia definitiva en su contra.
