Los resultados de la nueva Ley de Seguridad Privada en Santa Fe
La implementación de la nueva Ley de Seguridad Privada ya muestra sus primeros resultados en Santa Fe. Según datos oficiales del Gobierno provincial, las llamadas al sistema de emergencias 911 originadas por alarmas fallidas o sin incidentes reales disminuyeron un 30 % desde la puesta en marcha de la normativa impulsada durante la gestión de Maximiliano Pullaro.
La reducción representa 15.659 comunicaciones menos respecto del mismo período del año anterior y permitió optimizar recursos policiales, fortalecer el patrullaje preventivo y mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias reales.
Hasta fines de mayo de 2025 se habían registrado 48.610 llamados vinculados a alarmas privadas. En el mismo período de 2026, la cifra descendió a 32.951, según informó el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial.
El subsecretario de Emergencias 911, Pablo Polito, destacó que la nueva regulación tuvo un impacto directo sobre la operatividad de las fuerzas de seguridad. “Esta ley ha sido una herramienta fundamental que nos permitió optimizar los recursos policiales en la calle, reduciendo un 30 % las llamadas por falsas alarmas o alarmas no deseadas”, sostuvo.
Además, explicó que la medida permitió mejorar los tiempos de respuesta del sistema de emergencias. “El año pasado teníamos un tiempo promedio de respuesta de 7 minutos y 15 segundos. Hoy estamos en 6 minutos y 15 segundos. Haber reducido un minuto es sumamente importante porque nos permite llegar más rápido a las urgencias reales”, afirmó.
Por su parte, la subsecretaria de Articulación y Enlace con el Sector Privado, Karina Chumpitaz, valoró el trabajo coordinado con las empresas de monitoreo y remarcó que la normativa permitió implementar nuevos mecanismos de verificación antes de derivar alertas al 911.
La Ley de Seguridad Privada fue aprobada por la Legislatura santafesina en noviembre de 2025 y reemplazó una regulación vigente desde 1991. Entre sus principales objetivos, busca modernizar el funcionamiento del sector, combatir la informalidad y establecer nuevos protocolos para reducir las falsas alarmas que saturaban el sistema de emergencias.
Antes de la sanción de la norma, desde el Gobierno estimaban que cerca del 30 % de las intervenciones policiales se originaban en activaciones de alarmas donde finalmente no se detectaba ninguna situación de riesgo. Con los nuevos procedimientos, las empresas deben realizar verificaciones previas antes de solicitar la intervención policial.
Desde la Provincia señalaron que los primeros resultados reflejan una mejora tanto en la articulación entre la seguridad pública y privada como en la capacidad de respuesta ante hechos que requieren presencia efectiva de las fuerzas de seguridad.
