Diputados del bloque Unidos plantearon que el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones implicaría una competencia desleal
Mientras el gobierno nacional ajusta el texto final de la Ley Bases, diversos sectores están expresando sus opiniones sobre temas incluidos en el proyecto, con la esperanza de que su redacción pueda ser modificada. Uno de estos temas es el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que exonera de impuestos y restricciones cambiarias a inversiones que superen los 200 millones de dólares.
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En términos simples, el RIGI es una medida económica destinada a estimular la producción. En países con abundancia de recursos naturales como minerales, petróleo o tierras fértiles, pero con falta de tecnología para su explotación, los gobiernos suelen aprobar estos regímenes para atraer inversores, principalmente extranjeros, que aportan capital y aceleran la producción.
Estas medidas pueden incluir Zonas Económicas Especiales, subsidios y financiamiento, simplificación de trámites, o como en el caso del RIGI, beneficios fiscales como la reducción de impuestos o créditos fiscales. Por lo general, son políticas dirigidas a sectores específicos, regiones menos desarrolladas o proyectos considerados estratégicos para el desarrollo económico. Este es precisamente el punto que genera preocupación con respecto al actual proyecto en la Ley Bases.
“En la legislatura nos hicimos eco de la inquietud que vienen manifestando diferentes asociaciones y espacios productivos de Santa Fe, porque tal como está redactado el RIGI en el paquete fiscal incorporado a Ley Bases podría generar una competencia desleal con la industria preexistente”, mencionó el diputado Mariano Cuvertino (Unidos para Cambiar Santa Fe).
“Sabemos que se trata de una política económica con mucha historia en Argentina, como por ejemplo, el régimen de promoción que en su momento impulsó Frondizi para desarrollar la explotación de hidrocarburos o, en la actualidad, el de Vaca Muerta. Pero a diferencia de estos casos, el RIGI no identifica actividades, productos o sectores con posibilidad de ser acelerados, ni tampoco prevé ningún tipo de cláusula que priorice el desarrollo de proveedores locales que potencien la trama productiva local”, agregó.
“En Santa Fe la industria agroalimentaria, la metalmecánica y la metalúrgica conforman una estructura de miles de empresas que abastecen el mercado interno y externo y generación de puestos de trabajo. Estamos hablando de una región muy competitiva que ya viene soportando un contexto muy complicado de inflación, baja demanda y un dólar que no encuentra su techo. La radicación de mega proyectos bajo un régimen de promoción como el del RIGI solo va a aumentar la asimetría en la que ya se encuentran”, destacó el diputado.
Una inquietud que abarca todo el espectro productivo
El diputado mencionó que la preocupación que se discute en la legislatura no solo concierne a los industriales, sino a todo el arco productivo de Santa Fe. Este tema también fue abordado el martes pasado en el Foro de la Región Centro, al que asistieron representantes empresariales, trabajadores, profesionales y universitarios de las tres provincias.
“Saludamos la iniciativa del gobierno nacional, estamos de acuerdo que deje a un lado los manuales de liberalismo económico y busque un poco más los del desarrollismo para mejorar la producción, la riqueza y el agregado de valor en Argentina. Pero esperamos que esta intervención no se trate de un traje hecho a la medida de las actividades extractivistas como la minería y los hidrocarburos, y que no contemple la realidad compleja del país”, enfatizó.
“Es la mirada federal, del interior productivo, lo que falta al proyecto, y si falla esa mirada lo que puede resultar es que se termine perjudicando la estructura económica de nuestra provincia y nuestra región”, finalizó.
