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Ambiente: El gobierno Nacional aumentó las multas a empresas que contaminen cursos de agua

Hacia 30 años que Argentina no incrementaba el monto de sus sanciones económicas. La actualización se hizo a través del decreto 241/22, firmado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Argentina: Penas económicas más severas para quienes contaminan el agua

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación anunció que las multas a establecimientos que contaminan cursos de agua o provocan perjuicios a las instalaciones cloacales aumentarán después de 30 años, siendo 1992 el último año donde se modificaron.

El gobierno hizo a través del decreto 241/22, firmado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur y el ministro de Ambiente, Juan Cabandié.

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Ahora las sanciones rondarán entre los 140 mil hasta el millón de pesos. Mediante esta modificación en la normativa, se crea la unidad fija (UF) como medida para la determinación de las infracciones que se cometan en violación de la Ley 13577, cuyo valor será equivalente al de la unidad retributiva al Sistema Nacional del Empleado Público (SINEP), que desde abril de 2022 asciende a la suma de $104 cada unidad.

El Decreto 241/22, publicado el 6 de mayo pasado, dicta multas con montos mínimos, graduadas de acuerdo a la peligrosidad y cantidad del vertido. De esta forma, se decreta que los establecimientos que descarguen vertidos sin autorización o que no se registren ante la cartera ambiental a los fines de su empadronamiento serán pasibles de una multa mínima de 10.000 UF. Por su parte, aquellos que efectúen vertidos no tolerados podrán recibir una multa mínima de 2.000 UF.

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Según las autoridades el nuevo sistema permitirá una actualización automática de los montos con el objetivo de evitar el impacto ambiental asociado a la contaminación hídrica en todas sus etapas.

La nueva normativa firmada por el jefe de Estado, Alberto Fernández, indicó que “los importes de las multas en cuestión han quedado desactualizados y obsoletos y perdieron su facultad punitiva en relación con el daño causado”.

Cabe destacar que la última actualización se había efectuado a través del Decreto 776 del año 1992 y establecía multas máximas de $ 50.000 para las personas humanas o jurídicas que no cumplieran con las obligaciones establecidas y de $ 100.000 para el caso de los establecimientos industriales.

La iniciativa de actualización de montos fue promovida por la directora de Infracciones Ambientales, Paula Rosana Villani, desde la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental, a cargo de Sergio Federovisky.

 

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
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