que se llevó a cabo en la Casa de Gobierno de Santa Fe encabezada por el
gobernador Antonio Bonfatti, y de la que participaron el ministro de Justicia y
Derechos Humanos, Juan Lewis; todos los ministros de la Corte Suprema, el
procurador Jorge Barraguirre, y el fiscal general a cargo del Ministerio
Público de la Acusación, Julio De Olazábal, se definió que el 10 de febrero de
2014 comienza a regir el nuevo sistema procesal penal en toda la provincia y
para todos los delitos.
“Estamos
satisfechos porque a partir del diálogo entre poderes y entre actores clave
hemos avanzado en una definición que no es solo la de una fecha sino la de un
día histórico en la provincia. Ahora caminamos sin dudas hacia ese horizonte y
le damos certidumbre a todos quienes intervienen y forman parte del sistema de
justicia penal”, afirmó el gobernador.
“Esto
demuestra que en Santa Fe el diálogo sigue siendo una herramienta importante y
eficaz para arribar a acuerdos y lograr resultados”, agregó el mandatario.
Durante la
reunión, todas las partes -que han tenido responsabilidades imprescindibles en
esta compleja transformación- evaluaron lo que han venido realizando hasta
ahora en materia normativa, de infraestructura, de capacitación, entre otros
ejes, así como las tareas pendientes.
En ese sentido, acordaron que la fecha de
inicio sea el lunes 10 de febrero de 2014.
En virtud de
ello, el gobernador dictará un decreto con los términos centrales del acuerdo
al que se arribó en el encuentro, normativa donde constará la mencionada fecha
como el momento en que entra en vigencia definitivamente el nuevo Código
Procesal Penal.
Después de
repasar todo lo efectuado hasta el presente, el gobierno y estos dos actores
centrales de la nueva justicia penal coincidieron en que las tareas elementales
necesarias para el inicio del nuevo sistema se encuentran cumplidas, así como
también en relación al avance de la implementación.
El cambio será
histórico porque a partir del 10 de febrero todos los delitos comenzarán a
investigarse y juzgarse en consonancia con los postulados de la Constitución
Nacional. Se pone fin además a la etapa de implementación progresiva y por
materias: comienzan a jugar los nuevos actores (fiscales y defensores) que
habían sido seleccionados, quienes litigarán ante los tribunales.
CARCTERÍSTICAS
DE LA NUEVA JUSTICIA PENAL
A partir del 10
de febrero habrá un antes y un después en la investigación y el juzgamiento de
los delitos. ¿Cuáles son las claves del nuevo sistema?
1- Accesible,
ágil y transparente.
El nuevo proceso
penal acerca la Justicia a la gente: se busca que el sistema sea más eficiente
y la respuesta frente al delito más rápida; se busca la solución del conflicto
y la pacificación de la sociedad. Ahora la ciudadanía ejerce en forma plena sus
derechos y obtiene contención y respuesta a sus requerimientos.
2- Igualdad ante
la ley.
El nuevo proceso
penal es más inclusivo e igualitario porque asegura un fácil acceso a la
Justicia para toda la ciudadanía. En especial, a los sectores más vulnerables,
que no pueden contratar un abogado por falta de recursos económicos, culturales
o simbólicos. Con el nuevo sistema, todas y todos tienen las mismas
posibilidades de acceso a la Justicia: se contribuye así, en forma decisiva, al
principio de igualdad ante la ley.
3- Menos
expedientes y papeleo.
Lo oral reemplaza
a lo escrito, hay menos burocracia. Se reemplaza al expediente, que era clave
en el sistema anterior, por audiencias orales y públicas. Las partes expresan
sus puntos de vista en forma transparente y las personas son protagonistas.
4- Más humano.
El conflicto
humano entre víctima y acusado recobra visibilidad. La víctima, gran olvidada
del sistema anterior, ocupa el centro de la escena. Tiene más derechos,
asistencia y contención y una participación activa en el proceso. Puede
intervenir como querellante.
5- Menos
complejo. Más entendible y cercano.
El viejo sistema
era escrito, burocrático, laberíntico, con mucho papeleo. Como regía el secreto
en muchos aspectos del proceso, la Justicia estaba lejos de la gente. El nuevo
sistema, en cambio, es oral, y ofrece una Justicia más cercana, comprensible y
humana.
6- Soluciones
alternativas.
El nuevo proceso
penal contempla la posibilidad de decidir soluciones alternativas a la pena.
Por ejemplo, con acuerdos reparatorios que pueden lograrse a través de la
mediación penal. Se buscan mejores soluciones para los ciudadanos, para las
víctimas.
7- Descongestiona
los Tribunales.
Con el viejo
sistema, los Tribunales estaban atestados. Se producían demoras y muchas causas
terminaban prescribiendo. El nuevo sistema, en cambio, prevé menos trámites,
más agilidad e inmediatez.
8- Una reforma
integral.
El nuevo proceso
penal surge de una reforma que implica un profundo cambio cultural. Requiere
una intensa tarea en tres ejes: infraestructura, normativa y capacitación. En
los tres aspectos, el gobierno de la provincia trabajó intensamente para que la
Justicia de la provincia se pusiera a tono con las exigencias de la
Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella.
UN PROCESO DE
CAMBIO HISTÓRICO
El Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos es organismo de implementación del nuevo proceso
penal y por eso desde 2007 ha ejecutado y coordinado múltiples acciones para su
puesta en marcha, entre los que se destaca la creación desde cero del
Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público provincial de la
Defensa Penal.
En septiembre de
2009 fueron aprobadas las leyes orgánicas que crean estas instituciones clave,
junto con la ley de Transición y la de Organización de los Tribunales Penales y
Gestión Judicial.
Luego fue necesario seleccionar a las autoridades de la
Fiscalía y la Defensa, así como darles apoyo logístico y administrativo. Por
concursos públicos han sido elegidas las autoridades provinciales, las
regionales y los fiscales y defensores titulares y adjuntos, que recibieron el
correspondiente acuerdo legislativo.
El Poder
Ejecutivo ha dotado al Ministerio Público de la Acusación y al Servicio Público
Provincial de la Defensa Penal de las sedes en las cabeceras regionales de las
ciudades de Santa Fe, Rosario, Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto, como así
también en localidades de importancia estratégica, como el caso de Vera, habiendo
adquirido el mobiliario necesario para su funcionamiento.
El Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos también ha impulsado modificaciones legislativas
para la puesta en funcionamiento del nuevo código; promovió acuerdos
institucionales, como por ejemplo entre el Ministerio de Seguridad y la
Fiscalía, para la investigación criminal y científica; creó los Centros de
Asistencia Judicial (CAJ) con sus oficinas de Asistencia a las Víctimas y de
Mediación Penal para apuntalar los aspectos pertinentes del nuevo sistema,
instituciones que están en franco crecimiento, dado que ya hay cinco de ellos
funcionando en la provincia (Rosario, Santa Fe, Tostado, Vera y Reconquista);
diseñó e implementó el Programa de Gestión y Control de Reglas de Conducta en
el ámbito de la Dirección de Control y Asistencia Pos Penitenciaria; asumió la
protección de testigos en el marco del decreto Nº 889/2010 debido a que todavía
la legislatura no ha dictado la ley pertinente.
También desde la
cartera de Justicia y Derechos Humanos se ha realizado intensa capacitación
para los operadores del sistema, se trabajó en la refuncionalización de
espacios del Poder Judicial para montar las salas de audiencia y las oficinas
de gestión judicial, se conformó un Comité de Gestión de Conclusión
de Causas para desarrollar los lineamientos del sistema residual, entre otras
tareas.
Por último,
también se encuentra en proceso la informatización de las nuevas instituciones
de la justicia penal.
Fuente: Prensa GSF
