El gobernador Miguel Lifschitz quiere que el gobierno nacional cumpla con el fallo que la obliga a saldar, entre capital e intereses, unos 75.000 millones de pesos.
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El gobernador Miguel Lifschitz irá mañana a la Corte Suprema de la Nación. Materializará una presentación formal con el objetivo de que el alto tribunal emplace al gobierno de Mauricio Macri nacional para que cumpla con el fallo que lo obliga a pagar la deuda por coparticipación que mantiene con la provincia, estimada (entre capital e intereses) en 75.000 millones de pesos.
A tres años del fallo favorable emitido por la Corte Suprema, Lifschitz concurrirá en persona al máximo tribunal después del fracaso de las negociaciones con el gobierno nacional para establecer el monto adeudado, los intereses y el modo de pago.
En noviembre de 2015, la Corte Suprema falló a favor de Santa Fe en el pleito contra la Casa Rosada por la detracción de recursos coparticipables para financiar la Administración Nacional de Seguridad Social (Ansés) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).
“Me siento defraudado porque confié en el gobierno nacional“, aseguró ayer el jefe de la Casa Gris, que fundamentó la decisión de encabezar la presentación ante la Corte Suprema: “Decidí hacerlo personalmente como un gesto simbólico, porque es un tema muy importante para los santafesinos“.
“Ya tenemos el escrito preparado. Lo estuve revisando el fin de semana pasado y el miércoles (por mañana) iremos a Buenos Aires para hacer la presentación“, añadió el socialista.
En ese sentido, Lifschitz recordó que el fallo de la Corte Suprema es “histórico” porque, por primera vez, “le da la razón a una provincia en un reclamo contra la Nación“.
“Lamentablemente, la voluntad que siempre expresaron los funcionarios nacionales de cumplir con el fallo nunca se reflejó en lo concreto“, prosiguió el gobernador, en clave de reproche a la administración de Cambiemos.
Tras asegurar que “el fallo (judicial) hay que cumplirlo sí o sí“, el mandatario santafesino rememoró: “Siempre hubo dilaciones, postergaciones, y la verdad es que tuvimos la mejor voluntad de nuestra parte. Lo incluimos en el consenso fiscal y se puso esa fecha límite del 31 de marzo. No obstante, la resolución tampoco se cumplió“.
Fuente: La Capital/SOL 91.5
