Entra en vigencia en Santa Fe el nuevo Código Procesal Penal Juvenil
Desde este sábado 21 de junio, la provincia de Santa Fe pone en marcha el nuevo Código Procesal Penal Juvenil, que modifica por completo la forma en la que se investiga y se juzga a los adolescentes de entre 16 y 18 años que cometan delitos.
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Con la entrada en vigencia de esta ley, desaparece la Justicia de Menores tal como se conocía hasta ahora. A partir de hoy, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) será el encargado de investigar los delitos cometidos por adolescentes imputables. El nuevo sistema introduce un modelo acusatorio, público y oral, muy similar al que rige para los mayores desde 2014.
El cambio rige para menores de entre 16 y 18 años, que hayan cometido delitos cuya pena mínima sea de dos años o más. En el caso de los menores de 16 años, seguirán siendo considerados inimputables penalmente, aunque sí podrán ser investigados para determinar responsabilidades, especialmente cuando haya víctimas involucradas.
Además, se crea una estructura específica dentro del MPA para abordar estos casos: unidades fiscales especializadas en cada circunscripción y una unidad de coordinación provincial (UFERPA), a cargo de la fiscal Carla Cerliani.
También habrá nuevas sedes en Santa Fe capital (25 de Mayo 2319) y Rosario (San Martín 2886), mientras que en el resto de la provincia se utilizarán edificios judiciales ya existentes.
El sistema informático también se adapta: se utilizará el software Clio, exclusivo para causas juveniles, además del tradicional Heimdall. Más de 60 empleados y nueve fiscales pasaron del viejo fuero de menores al nuevo sistema acusatorio, luego de una etapa de capacitación obligatoria.
El nuevo código contempla herramientas como el juicio abreviado, la suspensión de juicio a prueba y la conciliación con la víctima, y garantiza que los adolescentes no compartan espacios con adultos detenidos, cumpliendo así con los estándares constitucionales.
Desde el Ministerio Público aseguran que esta reforma representa un paso clave para garantizar un sistema más ágil, transparente y respetuoso de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
