Una luz por la discapacidad: la convocatoria
Este jueves a las 18:30, familias, profesionales y organizaciones vinculadas a la atención de personas con discapacidad marcharán en la ciudad de Santa Fe bajo la consigna “Una luz por la discapacidad”. La concentración será en El Molino Fábrica Cultural (Bulevar Gálvez y Rivadavia) y desde allí los manifestantes se movilizarán hacia el Puente Colgante. Se invita a los asistentes a llevar linternas, antorchas u otras fuentes de luz como símbolo de visibilización.
Crisis en el sector: pagos demorados y aranceles congelados
La protesta se enmarca en una situación crítica que afecta a todo el país: los prestadores denuncian demoras de entre 60 y 120 días en los pagos por parte de las obras sociales, recortes en las sesiones autorizadas y un congelamiento del nomenclador nacional desde 2024, con aumentos ínfimos que no superan el 1%. Aseguran que muchos servicios están en riesgo de discontinuarse y que hay instituciones que podrían cerrar, dejando sin atención a personas con discapacidad de todas las edades.

Paro nacional y fuerte reclamo a IAPOS
La movilización se enmarca en un paro que lleva adelante el sector a nivel nacional, desde lunes y hasta el jueves 30 de mayo, con distintas modalidades según la provincia. En Santa Fe, los profesionales advierten sobre la crítica situación de IAPOS, la obra social provincial, a la que acusan de pagar con más demoras aún y de ofrecer los aranceles más bajos del sistema. Algunos prestadores recién están cobrando lo trabajado en febrero y otros ni siquiera recibieron el pago de enero.
Leer más: brindan asesoramiento para realizar trámites para personas con discapacidad: cuándo y dónde
En diálogo con Sol Play, profesionales de la salud afectados por esta situación aseguraron que el panorama es insostenible. “Trabajamos sin saber si vamos a cobrar. Los aranceles no cubren los costos básicos y muchos colegas no pueden sostener la actividad. Las personas con discapacidad están perdiendo derechos esenciales”, afirmó. También reclamó al Estado que controle el destino de los fondos transferidos a las obras sociales y que se apruebe una ley de emergencia para el sector.

