La investigan por irregularidades en la adquisición de un edificio de más de 43 millones de pesos. La defensa, aseguró que “está probado que Gils Carbó no cobró ni se benefició por esta operación”.
El juez federal Julián Ercolini dictó el procesamiento de la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbóen el marco de la causa en la que se investigan irregularidades en la adquisición de un edificio para la Procuración de más de 43 millones de pesos.
Según la resolución de 211 carillas , el juez consideró a Gils Carbó como “coautora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” y además le trabó un embargo por 7 millones de pesos.
El fallo da cuenta de la supuesta existencia de “un complejo plan orientado a adquirir directamente” para el Ministerio Público Fiscal, el edificio de la calle Perón 667, bajo la “simulación engañosa de una licitación pública”. El juez Ercolini advierte sobre “acciones ardidosas” de Gils Carbó y otros cuatro procesados.
Para el magistrado “existen pruebas suficientes para afirmar, con el grado de probabilidad requerido” que “Alejandra Magdalena Gils Carbó – Procuradora General de la Nación – y Guillermo Alfredo Bellingi – Subdirector General del mismo organismo – violando consciente y voluntariamente los deberes atinentes a sus cargos, previo acuerdo con ejecutivos de Arfinsa Argentina Financiera S.A. – en particular con Adrián Marcelo González Fischer, en forma directa o a través de intermediarios – idearon y llevaron a cabo un complejo plan orientado a adquirir directamente para el Ministerio Público Fiscal, bajo la simulación engañosa de una licitación pública, el edificio ubicado en la calle Teniente Juan Domingo Perón 667 de la Ciudad de Buenos Aires”.
La compra por el edificio de Perón 667, donde Gils Carbó tiene su oficina, se realizó mediante la inmobiliaria Jaureguiberry y Asociados, y actuó de intermediario Juan Carlos Thill, al que se le habría pagado unos $3 millones de comisión, y que es hermano del número dos del área de contrataciones, un funcionario de la Procuración General de la Nación, Guillermo Bellingi.
La firma vendedora del edificio -Arfinsa, de la familia Bemberg- pagó $ 8 millones a la inmobiliaria Jaureguiberry en concepto de comisión y ésta, a su vez, una subcomisión de $ 3 millones a Thill.
La sospecha de la Justicia es que la licitación por la que se compró el edificio de la calle Perón 667estaba digitada antes de ser pública, para que se beneficiaran los que iban a cobrar la comisión.
Por su parte, la defensa, ejercida por el abogado Alejandro Rúa aseguró que “está probado que Alejandra Gils Carbó no cobró ni se benefició por esta operación, ya que no ingresó dinero a su patrimonio por fuera del salario que como funcionaria judicial de carrera percibe en su cuenta sueldo desde hace 30 años”.
Cuando efectuó su descargo, la Procuradora sostuvo que “las presuntas irregularidades penales y administrativas se circunscriben a maniobras de Guillermo Bellingi y Juan Carlos Thill. Está probado que el único que cobró una comisión indebida fue Thill”, dice la presentación efectuada por Gils Carbó en su momento.
Fuente: Minuto Uno
