Los acusan de haber adulterado documentos registrales de terrenos en Santa Fe, Sauce Viejo y San José del Rincón y así despojar a los propietarios legítimos.
Una denuncia radicada el 21 de diciembre del 2011 por el exministro de Justicia, Roberto Vicente y la directora general del Registro General Santa Fe, Nora Mauro, dio cuenta a la Justicia provincial sobre una sospechosa maniobra que existía en títulos de propiedades de Santa Fe, Sauce Viejo y San José del Rincón.
Aquella denuncia surgió por la existencia de un inmueble que aparecía como vendido en el año 1984, a Juan Pablo P. por Juan Carlos G. (abuelo de una damnificada) el cual se encontraba fallecido. En la operación figuraba un escribano que paradójicamente había muerto en 1970, catorce años antes de la venta.
Ese caso fue el inicio de una causa que, al destapar un ardid delictivo, derivó en el procesamiento, la revocación del mismo, el cambio de Juzgado para que realice la pesquisa y culminó, en diciembre pasado, en un nuevo procesamiento para tres escribanos y otras 25 personas, entre las que existen empleados del Registro de la Propiedad.
El flamante dictado del procesamiento estuvo a cargo del juez de Instrucción, Darío Sánchez, quien dispuso embargar a los imputados por cifras que van de los 50 mil a los 100 mil pesos.
Los principales acusados son tres escribanos de la capital provincial: M. O. Peón, P. Galván y C. M. Dechanzi. Esta última letrada afronta otro proceso en la Justicia federal de Santa Fe, tras ser investigada por su participación en el delito de falsificación ideológica de documento público para concretar un negocio inmobiliario en terrenos de Vialidad Nacional, los cuales habían sido donados al sindicato de empleados viales para que construyan allí una nueva sede.
Los tres fueron procesados como presuntos coautores de los delitos de “falsedad ideológica de instrumento público, estafa y asociación ilícita en concurso real entre sí”.
El resto de los acusados son otras 23 personas que pusieron su firma para lograr así la estafa denunciada, mediante la participación de empleados de la Dirección General de la Propiedad de Santa Fe.
La maniobra fraudulenta
La vieja Justicia Penal determinó que la mecánica empleada en la estafa se basaba en realizar transferencias cuyas escrituras públicas resultaban inexistentes, careciendo por lo tanto de soporte documental suficiente; o bien referían a otras escrituras públicas del archivo de protocolos del Colegio de Escribanos cuyo transmitente y adquirente no se condecía con las personas del asiento respectivo.
De esta manera, una persona aparecía como propietaria (sin serlo) de un inmueble que luego transfería (por medio de la venta y/o donación) a terceras personas. Seguidamente, con la información falsa contenida en dichos asientos, se actualizaba la titularidad dominial de esos inmuebles, con la complicidad de empleados de la repartición, en la base de datos del Servicio de Catastro e Información Territorial, a los efectos tributarios.
Para los investigadores, esa maniobra ilícita lograba que los nuevos y falsos titulares aparecieran como nuevos contribuyentes a los sistemas tributarios. Por tal razón, se solventaba la apariencia de legalidad a las futuras transferencias de estos inmuebles a terceros.
En este sentido, el juez Sánchez indicó en su fallo que “existió por un lado, un grupo de personas que tomaron parte en una asociación cuya finalidad era la de cometer delitos, y por otro lado, otro grupo que prestaron su nombre para la consumación de dichos ilícitos, con distintos grados de participación”.
El inicio, el cambio de manos y un nuevo procesamiento
La causa tuvo su inicio en el juzgado del juez de Instrucción 1ª, Jorge Pegassano, (actualmente juez de la Investigación Penal Preparatoria del nuevo sistema penal), el cual en 2013 procesó a los hoy encausados.
Aquel fallo fue apelado por los abogados defensores de los imputados y un tribunal de alzada de la Cámara de Apelaciones ordenó revocar el procesamiento por lo que la causa bajó nuevamente a primera instancia. Además, como la apelación hizo hincapié en ese entonces en una serie de nulidades, la causa fue remitida al juzgado de Instrucción 5ª, a cargo de Darío Sánchez.
En 2016, la investigación comenzó a tener un fuerte impulso tras acumular las denuncias tanto en sede judicial y policial que revelaban la maniobra delictiva presuntamente llevada a cabo por los letrados y el resto de la organización.
Con letra fina
El procesamiento dictado por el juez Sánchez determinó distintas calificaciones jurídicas para los 26 imputados en la causa.
En esa linea, el magistrado procesó como “partícipes primarios de falsedad ideológica de instrumentos público, coautores de estafa y asociación ilícita” a catorce integrantes: Ricardo Pedro A.; Jorge Horacio D. P.; Julio David D.; Miguel Ángel D.; Alberto Luis E.; Ángel G.; Raimundo L. B.; Eduardo M.; Gustavo O.; Raúl Arsenio M.; Tomás Rubén N.; Diego Marcelo P.; Urbano P.; y María Cristina M.
Por “partícipe primario de falsedad ideológica de instrumentos público y asociación ilícita” fue procesada Miriam Martín O. En tanto, como coautores de los delitos de “estafa y asociación ilícita”, Rolando Luis V., Jesús V. y Carmelo Antonio L.
En tanto, los escribanos, Dechanzi, Galván y Peón, fueron procesados como coautores de los delitos de “falsedad ideológica de instrumento público, estafa y asociación ilícita en concurso real entre sí”.
A su vez Daniel T. fue sindicado como partícipe principal de la “estafa, falsedad ideológica y por ser parte de una asociación ilícita”. En la misma línea, quedaron también Elbio Rubén R., Miguel C., Cristina U. y Edelvis P.
Pese a estar procesados, el dictamen judicial dispuso que los 26 imputados continúen en libertad el proceso. De igual manera, les impuso embargos que van desde los 10 mil hasta los 50 mil pesos.
Fuente: Uno Santa Fe
