La diputada Claudia Giaccone presentó un proyecto para que se modifique el protocolo de atención a fin de proteger a los denunciantes de los victimiarios.
La diputada provincial Claudia Giaccone presentó un proyecto en la Legislatura para que se proteja a las personas que denuncian casos de abuso sexual contra niños y adolescentes. La iniciativa surgió tras el caso de la crimen de la maestra Vanesa Castillo en Santa Fe y plantea la modificación del protocolo de atención.
El homicidio de la docente Vanesa Castillo, sucedido en la Escuela Victoriano Montes nº 533 de Alto Verde, puso en alerta a aquellos agentes estatales (docentes, médicos, enfermeros, empleados, etc.), que son los encargados de informar posibles casos de abuso sexual infantil al Ministerio Público de la Acusación (MAP) y a la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia.
La legisladora expresó que “hay temor porque el asesinato de la docente habría ocurrido como represalia ante una denuncia realizada por la misma al conocer el caso de abuso a una alumna, y como parte de su obligación dió cumplimiento del Protocolo que se aplica, procediendo a labrar el acta correspondiente y anoticiar a las autoridades”.
En este marco, propone la modificación del Protocolo de Atención Interinstitucional para el Acceso a la Justicia de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas o Testigos de Violencia, Abuso Sexual y Otros Delitos, aprobado por Decreto Nº 2288 del 08/09/16, de manera tal que ante el develamiento de un delito, “los agentes operadores de territorio notifiquen inmediatamente a la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, la que será responsable de llevar adelante todo el proceso de la denuncia”.
Los agentes provinciales que tomen conocimiento de un delito cometido contra un niño o niña deben informar inmediatamente al Ministerio Público de la Acusación y a la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, acompañando el llamado “Anexo I” que es el formulario de toma de denuncia. En el caso de los establecimientos educativos además, deben acompañar las actas labradas en la escuela, las evaluaciones psicopedagógicas, informes, etc.. En toda esta documentación figuran los datos de los docentes, médicos o autoridades obligados a cumplir con el protocolo, y esa información personal puede llegar a los imputados a través de sus letrados patrocinantes, o por los medios periodísticos por ejemplo, aunque sea de manera casual, haciéndolos pasibles de represalias.
“Lo que pretendemos al pedir esta modificación es justamente no desalentar las denuncias, puesto que el miedo paraliza. Queremos que los numerosos casos de abusos sexuales y violencia de los que son objeto los niños y niñas, sigan siendo denunciados; porque el silencio y la inacción motivados por el temor mucho contribuirán a no se hagan”, continúó Giaccone.
“Buscamos entonces que el docente, médico, enfermero, u otro, solamente tenga la obligación de notificar inmediatamente de anoticiado del hecho a la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, ya que este organismo cuenta con los medios suficientes y el personal idóneo para llevar adelante este tipo de denuncias y presentarlas luego ante el Ministerio Público de la Acusación”, concluyó la diputada.
