Escándalo en la Justicia de Santa Fe
Por estas horas la causa judicial contra Marcelo Galaz, exsecretario privado del senador Dionisio Scarpin, tiene en vilo la posible destitución del fiscal de Reconquista Aldo Gerosa por su accionar en el caso donde se detectaron gravísimas irregularidades.
Marcelo Galaz está acusado de violar durante seis años a su sobrina menor de edad y el Ministerio Público de la Acusación sostiene que Gerosa, fiscal de la causa, debería ser “destituido en el cargo”, ya que asegura que el fiscal “revictimizó” a la chica abusada, le dio un “trato indecoroso”, la “molestó” y “presionó para que firme un acuerdo abreviado”, que le reducía la pena a Galaz de 32 años a siete.
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El auditor del Ministerio Público de la Acusación, Leandro Mai, consideró que el fiscal cometió “faltas graves” y concluyó que “procede la sanción de destitución en el cargo”.
El auditor le endilga al fiscal “haber revictimizado a la mujer víctima en situación de vulnerabilidad en el marco de las presentes actuaciones dándole un trato indecoroso, molestándola y presionándola para que firme un acuerdo de juicio abreviado sin haber velado por la salvaguarda de su intimidad”.
Una de las medidas cuestionadas por la auditoría fue la prisión domiciliaria del acusado: “La primera conducta disvaliosa fue la celebración de un acuerdo de prisión domiciliaria en fecha 30/5/2022 en clara violación a lo previsto por el artículo 10 del Código Penal, sin que el fiscal le informe a la víctima que la resolución dictada en esa fecha por parte del tribunal no respondía a sus pretensiones de protección integral, la cual tampoco fue apelada por el órgano fiscal y como consecuencia de ello haber incumplido el principio de debida diligencia reforzada en el artículo 7 de la Convención de Belém Do Para“.
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Mai también le recrimina al fiscal “haber presentado el 17 de noviembre de 2022 un acuerdo abreviado el cual no cumplimentaba con los requisitos establecidos en el artículo 339 del Código Procesal Penal, ya que no acompañó la conformidad de la víctima y tampoco la rúbrica del fiscal regional respectivo“.
“Tampoco fundamentaron en dicha oportunidad la razón del cambio de calificación más favorable para el imputado ni la modificación de la pretensión punitiva en favor del mismo, sin haber motivado el fiscal al momento de la determinación de pena, cuál era la razón para que delitos que concurrían realmente entre sí sean condenados por el mínimo legal de la plataforma jurídica seleccionada en el abreviado, teniendo en cuenta la pretensión esgrimida en la acusación de 32 años de cumplimiento efectivo conforme los parámetros de los artículos 40 y 41 del Código Penal por parte del acusador público“, sostuvo.
Finalmente, Mai le cuestiona además al fiscal “haber realizado durante marzo y abril de 2023 diversas declaraciones indecorosas e imprudentes en distintos medios de comunicación, poniendo en conocimiento de la ciudadanía que brindaba información sobre la marcha de la investigación a un tercero ajeno al proceso, en una causa en donde la principal interesada, la víctima, siempre estuvo desinformada del estado de la misma en contradicción a lo estipulado en el marco normativo vigente“.
Fuente: La Capital
