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Operativo contra la caza furtiva en Misiones: dos personas demoradas y un pecarí cazado ilegalmente

Guardaparques sorprendieron a dos individuos armados en el Parque Provincial Urugua-í, en Misiones, con un pecarí cazado de manera ilegal. Se secuestraron escopetas, municiones y se destruyeron estructuras utilizadas por cazadores en el monte.

Caza furtiva en el Parque Urugua-í

El Parque Provincial Urugua-í, uno de los principales refugios de biodiversidad de Misiones, volvió a estar en la mira por un caso de caza furtiva. En un patrullaje conjunto con personal del Parque Provincial Lago Urugua-í, guardaparques interceptaron a dos personas que portaban armas de fuego y tenían en su poder un pecarí cazado ilegalmente.

El operativo permitió el secuestro de escopetas —una de calibre 20 y otra de fabricación casera— además de municiones. Según se informó, el hallazgo del animal abatido refleja el impacto que estas prácticas ilegales provocan en la fauna silvestre, ya que el pecarí cumple un rol clave en el equilibrio ecológico del monte misionero.

En la zona del paraje Cabureí, los agentes descubrieron además un sendero utilizado para ingresar clandestinamente al área protegida. Allí se encontraron estructuras como saleros y sobrados, diseñadas para atraer animales, que fueron destruidas para evitar futuras incursiones de cazadores.

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Los demorados y el armamento incautado quedaron a disposición de la Policía en Comandante Andresito. Desde el área protegida remarcaron que este accionar busca reforzar la defensa de un ecosistema que alberga especies amenazadas, muchas de ellas en riesgo de extinción.

La caza furtiva: un delito

La caza ilegal no solo es un atentado contra la fauna, también constituye un delito. Según la Ley de Conservación de la Fauna, está prohibida la caza de especies silvestres sin autorización, con sanciones que van desde multas e inhabilitaciones hasta penas de prisión.

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En este caso, además, el uso de armas sin autorización agrava la situación, ya que puede derivar en cargos por portación ilegal y fabricación de armamento no registrado. A esto se suma la figura de daño ambiental, que contempla el impacto de estas prácticas en el equilibrio de los ecosistemas, con un agravante especial al tratarse de áreas naturales protegidas.

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