La cartera de Seguridad declaró el estado de emergencia de las condiciones de detención en dependencias policiales de ciudadanos y ciudadanas en todo el ámbito de la Provincia de Santa Fe.

Marcelo Sain

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Se declaró el estado de emergencia en las comisarías de Santa Fe

El Ministerio de Saludo resolvió, a través de un decreto, declarar “es estado de emergencia de las condiciones de detención en dependencias policiales de ciudadanos y ciudadanas en todo el ámbito de la Provincia de Santa Fe”. 

Y se dispuso que “en el marco del estado de emergencia declarado y hasta tanto no se adecúe el número de personas detenidas a las capacidades de alojamiento de cada dependencia, no se reciban más personas para ser alojadas como detenidas en dependencias policiales provinciales”.

El Ministerio detalló  “que en el mes de marzo del corriente año, se inició la gestión para establecer con certeza la situación de las personas privadas de la libertad en dependencias policiales, determinándose en relación a éstas, la edad, el sexo, fecha de ingreso, si son condenados o no, si son infractores primarios o reincidentes, realizándose además un relevamiento de la infraestructura edilicia de los espacios de detención, programas de salud y alimentación”.

“Se agrega a las actuaciones los informes de las distintas Unidades Regionales de la Jefatura de Policía de Provincia”.

La información recibida arrojó resultados preocupantes en lo que respecta al estado de infraestructura para alojar personas detenidas y las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran las mismas, detectándose la ausencia de criterios unificados para el procesamiento de la información”.

“Que el resultado del informe denota la crítica situación en la que se encuentra el estado edilicio de los penales en la mayoría de las Unidades Regionales, tratándose de construcciones antiguas, con falta de obras y de mantenimiento, representando ello un peligro para la vida e integridad psicofísica de las personas detenidas y de los funcionarios/as policiales”.

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“Que la situación antes descripta aumenta las posibilidades ciertas de evasión por parte de detenidos/as”.

“Que en el último relevamiento realizado en el corriente mes, en relación a la capacidad para el alojamiento de personas, se determinó que las 664 plazas de detención se encuentran ampliamente superadas, ya que la cantidad de personas detenidas en las distintas Unidades Regionales ascienden a 723 personas; así se destaca la Unidad Regional I (Dpto. La Capital), donde la capacidad de alojamiento es de 131 plazas, y el número de personas detenidas es de 250″.

“Que de la información colectada se evidencia que durante los meses de mayo, junio, julio y agosto de cada año se registran los mayores índices de personas detenidas en las alcaldías, módulos transitorios de detención y unidades de orden público, lo que da una pauta de que para los siguientes meses el panorama se puede complicar aún más”.

“Que en efecto, a la luz de las estadísticas mencionadas, no es posible pronosticar que el número de personas privadas de libertad se reduzca. Por eso, deberá el poder judicial, a través de sus actores, ser quien examine en cada caso sus decisiones en oportunidad de disponer el alojamiento de personas en lugares de detención que, por su naturaleza y función, son transitorios y no se condicen con la finalidad del cumplimiento de la pena o de la privación de la libertad”.