La mayoría de los diputados aprobaron la instauración de un piso de votos obligatorios para pasar de las primarias a la general. Y también se garantiza que el Estado financie las campañas.
La Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción a un paquete de leyes electorales que entre los puntos más discutidos establece un piso electoral obligatorio para competir en los comicios generales y el financiamiento de las campañas proselitistas en radio y tevé. La votación tuvo un final bochornoso, cuando desde las barras del recinto agrupaciones políticas de izquierda empezaron a insultar a los legisladores por considerar proscriptivos algunos de los cambios.
La norma aprobada prevé achicar el tamaño y dimensiones de la Boleta Única (modelo A5), cuando así sea necesario porque hay pocos candidatos; retirar el casillero de Voto en Blanco –que se considerará como tal cuando la Boleta Única no tenga ningún tipo de tacha–; reemplazar la denominación Cuarto Oscuro por Box de Votación o Cabina de Votación; facilitar el voto de los extranjeros; y aplicación del Censo 2010 que modificaría la cantidad de concejales de algunas ciudades.
En caso de que el Senado apruebe el proyecto y lo convierta en ley, Santa Fe, Rosario y Rafaela tendrán que elegir un edil más en 2015. Además, los diputados incorporaron una iniciativa para que los policías puedan votar en las mesas o locales donde realizan la custodia el día de los comicios, eliminándose el sistema de doble sobre que tenían hasta ahora.
En todos esos aspectos hubo –casi– unanimidad de criterios entre los diputados, pero la cosa fue distinta en los puntos que refieren al piso electoral y la contratación de espacios de publicidad electoral en medios audiovisuales. En cuanto al piso de votos necesarios para pasar de las primarias a la general, lo calcularán en base al 1,5 por ciento de los votos válidos emitidos y no del padrón electoral (como decía el mensaje del Poder Ejecutivo), lo cual ayudó a que expresiones minoritarias dentro del oficialismo y la oposición se queden un poco más tranquilas.
No todos, porque el Movimiento Evita (PJ) votó en contra y así lo hizo saber Eduardo Toniolli. En tanto, los kirchneristas Leandro Busatto y Oscar Urruty justificaron la instauración del umbral electoral por considerar que así se legitimirá a los candidatos en las internas y se fortalecerán los partidos políticos. Algo similar dijo el radical Darío Boscarol y luego su correligionario, Edgardo Martino. Otros dirigentes, aun con algunas dudas, acompañaron el mencionado artículo.
En cuanto al capítulo relacionado con el financiamiento de las campañas en medios de comunicación audiovisual, también allí los diputados del PJ (mayoría) y del FPCyS (primera minoría) convalidaron cambios al texto que mandó la Casa Gris, mientras que el PRO lamentó “el traje a medida” que confeccionaron esas dos fuerzas. Se trata del ítem donde se establecen los parámetros de distribución de segundos en radio y televisión que tendrán las principales categorías.
La propuesta original era que un tercio de los segundos de publicidad (que pagará el Estado) se distribuya en partes iguales entre todas las listas, según corresponda a cada categoría; otro tercio que se reparta del mismo modo, siempre y cuando los partidos en competición hayan superado el tres por ciento de los votos del padrón electoral en 2011; y lo que resta se definiría de acuerdo a los votos obtenidos por cada fuerza política.
En 2011, el PJ quedó tercero en la categoría gobernador y vice, pero primero cómodo en la categoría de Diputados. Ayer, con el argumento de que ambas candidaturas son de distrito electoral único, se cambió la ecuación y para la determinación del último tercio se tomará en cuenta un promedio de los votos que consiguieron ambas categorías.
De esa forma, el justicialismo tendrá más segundos de publicidad y el PRO algo menos, porque si bien a Miguel Del Sel le fue muy bien en las urnas, a su lista de diputados no tanto y apenas cosechó siete legisladores de 22 que tiene la minoría. Según las previsiones que hizo el gobierno, en 2015 el Estado tendrá que desembolsar unos 90 millones de pesos para garantizar que los candidatos a gobernador y vice, a diputados provinciales, a senadores, intendentes y concejales puedan hacer campaña de manera gratuita.
Fuente: Diario UNO
