Ley contra los cuidacoches: qué cambios hizo Diputados al proyecto que regresa al Senado
La Cámara de Diputados de Santa Fe dio este jueves un paso clave en el tratamiento de la ley que busca regular y sancionar la actividad de los cuidacoches en la provincia. Sin embargo, al incorporar modificaciones al texto que ya contaba con media sanción del Senado, la iniciativa deberá regresar a la Cámara alta para completar su trámite legislativo.
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La aprobación dejó en evidencia las diferencias políticas en torno a la propuesta. El proyecto obtuvo 25 votos positivos, 17 negativos y una abstención, con el respaldo exclusivo del interbloque oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe.
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Uno de los principales cambios respecto de la versión original es que ya no se plantea una prohibición absoluta de la actividad. El texto aprobado por Diputados establece que las sanciones se aplicarán cuando los cuidacoches actúen sin autorización oficial y en aquellos espacios urbanos donde exista una prohibición determinada por las autoridades municipales.
De esta manera, la regulación y fiscalización de estas prácticas quedará principalmente en manos de los gobiernos locales, que tendrán la facultad de definir las restricciones dentro de sus jurisdicciones.
Sanciones y programas de inclusión
La iniciativa incorpora el artículo 66 bis al Código de Convivencia provincial. Allí se prevé una prohibición de concurrencia de hasta 60 días para quienes soliciten dinero de forma intimidatoria a cambio del cuidado o lavado de vehículos.
Las penas podrán agravarse y extenderse entre 60 y 120 días cuando estas conductas se desarrollen en zonas con estacionamiento medido o en las cercanías de espectáculos y eventos de gran concurrencia. Además, la normativa contempla la posibilidad de reemplazar esas sanciones por tareas comunitarias.
El proyecto también apunta a quienes organizan o coordinan este tipo de actividades. Para esos casos se establece una pena de hasta diez días de arresto, junto con una restricción para acercarse al lugar de los hechos por un plazo que podrá alcanzar los 240 días.
En paralelo, la propuesta incorpora un enfoque social. El Ejecutivo provincial y los municipios deberán impulsar programas destinados a la inclusión de las personas alcanzadas por la norma, mediante capacitación laboral, asistencia para la inserción en el mercado de trabajo y acompañamiento en cuestiones vinculadas a la salud mental y los consumos problemáticos.
