El defensor del Pueblo santafesino participó este viernes de la audiencia pública convocada por Enress para definir el nuevo cuadro tarifario de Aguas Santafesinas SA. Solicitó instaurar un sistema que garantice el acceso de todos los santafesinos al agua potable.
El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, participó este viernes de la audiencia pública convocada por el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) para determinar el nuevo cuadro tarifario de Aguas Santafesinas SA (Assa), que tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, y donde reafirmó su pedido de establecer una tarifa social que garantice el acceso de todos los santafesinos a agua potable y de calidad. Lamberto también expresó la preocupación de la institución por el incremento solicitado por la empresa, ya que éste está “por encima de las actualizaciones salariales por paritarias y reajustes de haberes previsionales y estimaciones de costos de vida”.
El defensor santafesino valoró que se realice la audiencia, ya que “es un derecho constitucional”, aunque expresó que no deben ser “actos puramente formales, sino que se deben escuchar y considerar los dichos de los participantes y proporcionar en tiempo y forma información veraz, adecuada y suficiente”.
En ese contexto, el defensor reiteró que para la institución es “imprescindible resaltar la importancia de que se cuente con una tarifa social en el servicio de aguas que permita afrontar el costo a los sectores más vulnerables”, y la diferenció del actual sistema de “casos sociales, propios de un esquema de privatización”. Lamberto lo ejemplificó con el caso de los servicios de energía y gas natural, que tienen tarifas sociales y la cantidad de “beneficiarios es muy superior a los alcanzados por los casos sociales”.
Durante el encuentro celebrado en la capital provincial, Lamberto también solicitó que para las actualizaciones tarifarias se tengan en cuenta los principios de certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad, establecidos por la Corte Suprema y recordó que todos los incrementos recaen sobre un mismo usuario.
Finalmente propuso a la empresa un plan trianual donde, además del programa de micromediciones, proyecte el “impacto de tercerizaciones, la problemática de pérdidas técnicas en la red de distribución, un plan que contemple alternativas a la eventual reducción de los aportes del Estado provincial que sea gradual, y medidas destinadas a la colaboración del ciudadano para un uso racional de un bien esencial y escaso como el agua”.
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Fuente: Prensa Defensoría del Pueblo
