Las gestiones de la institución comenzaron apenas ocurrido el siniestro vial en que se volcaron grandes cantidades de un potente herbicida sobre la ruta provincial N° 92. Tras numerosas y arduas gestiones, se logró que el Ministerio de Medio Ambiente destine un importante monto a subsanar la situación.
Luego de extensas gestiones de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, el Ministerio de Medio Ambiente provincial informó que destinará un aporte no reintegrable (ANR) de 300.000 pesos a la comuna de San José de la Esquina, departamento Caseros, para “atender los efectos ocasionados por el derrame de herbicida” sobre la ruta provincial N° 92.
La actuación de la Defensoría del Pueblo comenzó inmediatamente luego de que un camión se accidentara en la traza derramando una gran cantidad del líquido tóxico. Desde ese momento, se cursaron numerosos pedidos de informe y oficios a los fines de conocer el estado de situación y de adoptar las medidas necesarias para lograr la remediación del ambiente afectado y resguardar la salud de los habitantes de esa zona. En una primera instancia se remitieron notas a la Coordinadora de Salud Nodo Rosario, la Secretaría de Medio Ambiente y al Director Provincial de Protección Civil.
Para comprender la magnitud del derrame, cabe destacar que la empresa Atanor SA informó que se habían recuperado del lugar 7.800 litros de producto limpio, se incineraron 17.620 y se perdieron 3.800 litros del total del cargamento. La Secretaría de Medio Ambiente manifestó su disconformidad por las tareas realizadas.
Por su parte, el Coordinador de Región de Salud Nodo Rosario informó en la ocasión que las consultas vinculadas directamente con el derrame fueron 31 y que se trató de indisposiciones leves de piel y mucosas.
Asimismo, la Delegación Santa José de la Esquina de la Defensoría del Pueblo puso a disposición de las autoridades un informe de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata donde se expresaba que, “según los resultados obtenidos para el sedimento de fondo del Río Carcarañá, el aparente alcance del 2,4-D (el herbicida en cuestión) hacia esos sedimentos y la posibilidad del uso del recurso acuático para recreación, se recomienda profundizar y ampliar estudios sobre la cuenca de este río en zonas aguas arribas y aguas abajo. También, limitar la conexión de la zanja próxima al derrame con los sistemas hidrológicos que conduzcan a dicho río ya que posee concentraciones que ponen en riesgo la biota acuática y no resulta apta para riego”. Ese estudio también solicitaba “realizar evaluación epidemiológicas y médicas en la población más próxima al evento”.
En virtud de toda la información recabada, el Defensor del Pueblo de la provincia, Raúl Lamberto, consideró que los hechos “desencadenaron una situación de extrema complejidad para el ambiente y la salud de las personas, merecedoras de rápidas y eficientes respuestas por parte de la autoridad ambiental de aplicación”. Asimismo, en la resolución 216/16 recordó que el “herbicida transportado y derramado a raíz del accidente de tránsito es de una peligrosidad tal que ha provocado la prohibición mundial de su uso, no siendo excepción nuestra provincia de Santa Fe, que mediante la resolución N° 135 del Ministerio de Producción determinó prohibir el uso y/o aplicación en todo territorio provincial por cualquier medio y para cualquier tipo de cultivo, ya sea intensivo o extensivo”.
Es por ello que a finales del año pasado insistió con la necesidad de un “urgente tratamiento del canal de desagüe que desemboca en el río Carcarañá, tomando todas las acciones que fuesen necesarias a los fines de evitar la contaminación de sus aguas y efectuar monitoreos permanentes que permitan tener certeza respecto de la ausencia de sustancias tóxicas contaminantes, teniéndose en cuenta que dichas aguas son utilizadas para la actividad recreativa de la población”. Al mismo tiempo que consideró “conveniente que el Ministerio de Salud de la provincia efectúe nuevos estudios epidemiológicos en la zona, se realice un mapeo respecto de la posible incidencia de algunas enfermedades a posteriori del derrame y un relevamiento de casos afectados”. Y, finalmente, exigió “tomar medidas tendientes a ejercer un control eficiente de las actividades que deben realizar los responsables de actos contaminantes de manera tal que se eviten mayores daños derivados de acciones ineficaces u omisiones de actos indispensables para la contención de los mismos”.
En base a todas las presentaciones y gestiones realizadas, el Ministerio de Medio Ambiente dispuso destinar 300.000 pesos para atender los daños ocasionados por el derrame de febrero de 2014. En una carta enviada a la defensoría informó que la medida se adoptó teniendo en cuenta los informes “de los cuales surge la recomendación de llevar a cabo acciones de remediación en forma inmediata atento a la gravedad de la situación, fijándose el monto referido en atención a los presupuestos recabados de dos empresas habilitadas para el tratamiento de este tipo de residuo”.
Fuente: Defensoría del Pueblo
